Justo en el momento en que dos altos miembros del gabinete de Nayib Bukele eran señalados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el exfuncionario del FMLN, Eugenio Chicas, da a conocer en sus redes sociales un proceso de la Sección de Probidad de la CSJ en su contra. Aunque ambos casos se mueven a ritmos distintos e implican enormes diferencias en los montos presuntamente defraudados al Estado, llama la atención el tratamiento que se ha dado a uno y otro en la plataforma propagandística gubernamental.
Pero es lógico que este tipo de incoherencias aparezcan. Si fuera cierto, como lo advierte la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que el actual Secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Conan Castro Ramírez, “obstruyó las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y utilizó su cargo para obtener ganancias personales”, probablemente estaríamos delante de un delito con efectos económicos bastante más abultados de los que se imputan a cualquiera de las personas que aún tienen cuentas pendientes con la Sección de Probidad. No se trata de defender al que ha robado “menos”, sino de exigirle al bukelismo que sea menos hipócrita.
Para no variar, sin embargo, cual sucede cuando estallan este tipo de escándalos —dignos en cualquier país civilizado de una inmediata y contundente reacción oficial—, la estrategia de comunicaciones de Nuevas Ideas toma dos vías vergonzosas: por una parte, cómplice silencio (comenzando con el presidente de la República, generalmente tan locuaz en twitter), y, por otro lado, ataques infantiles a la fuente del señalamiento, en este caso al Departamento del Tesoro de EE.UU. Pero sobre lo atribuido a los funcionarios, ni siquiera el pálido intento de articular un triste remedo de argumento.
Y olvidémonos de que alguien del gobierno, como sería lo pertinente, tome un avión para ir a tocar las puertas de la OFAC a exigir explicaciones y contrarrestar pruebas. Nada de eso. La queja se limita a las redes sociales. Y también es lógico, pues el régimen de Bukele sabe muy bien que en los sistemas jurídicos del extranjero ninguna táctica de propaganda se acepta como descargo: allá se presentan documentos con la debida seriedad o las sanciones quedan firmes. No existen puntos medios. Por eso la lista de corruptos de Nuevas Ideas en Estados Unidos sigue aumentando y no hay dinero malgastado en Facebook que pueda evitarlo.
Pero aquí en El Salvador los exámenes de Probidad —varios de ellos, por cierto, utilizados políticamente en una comisión “investigadora” de la Asamblea Legislativa el año pasado, sin que la Sección protestara— son carne de una estrategia publicitaria a la que se da volumen cuando sirve como cortina de humo o se vuelve parte de la narrativa partidaria (ahora ya cargada de obvias intenciones electorales).
Porque si de diligencias para combatir la corrupción hablamos, sigue siendo inexplicable que Probidad, si hoy intima a Eugenio por valor de unos $130 mil dólares, no haga lo propio con otro exmagistrado del TSE que durante 2004 y 2014 manejó una suma no justificada que alcanza $1.4 millones de dólares. ¿Quién está guardando las proporciones y estableciendo las prioridades? ¿O es que aquella “defensa” que Nayib Bukele hizo de este exfuncionario electoral en Twitter basta para perdonarle que no haya despejado dudas sobre números de siete cifras?
Personalmente me indigna la corrupción; pero me parece todavía más indignante que quienes tienen la obligación de combatirla hagan su tarea con politiquería y sesgos evidentes.