Este viernes 28 de junio, la máxima representante de Nayib Bukele en el exterior discurseó sobre la situación nacional en la quincuagésina cuarta Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Como debía esperarse, Juana Alexandra Hill Tinoco habló linduras del El Salvador y de su jefe. Desde que él se instaló en el Órgano Ejecutivo el 1 de junio del 2019, sostuvo, se “tomó el rumbo correcto para hacer un cambio histórico sin precedentes que nos ha permitido transitar de ser el país más violento del mundo a estar después de solo cinco años como la nación más segura de nuestro hemisferio occidental”. No me detendré mucho en afirmación tan temeraria que lanzó “amparando” su “razonamiento” ‒según expresó‒ “en estadísticas objetivas de las más reconocidas agencias de sondeo sobre la realidad internacional”. Solo permítanme algunas precisiones.

El Índice de Paz Global 2023 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, coloca a la nuestra en el sitio 122 entre 163 naciones; “no está en un buen puesto”, certifica dicha entidad. En el 2022 se ubicó cinco lugares atrás y seis en el 2020. Va para abajo, pues. Reconoce la reducción notable de homicidios, pero ese no es el único indicador; además incluye, entre otros, el gasto militar en relación con el Producto Interno Bruto y la cantidad de soldados que con Bukele han crecido. También contempla el número de policías y ‒¡ojo!‒ el de personas encarceladas; al menos en esto último y no en otros asuntos como la educación, con la tasa de personas privadas de libertad por cada 100 000 habitantes en mano El Salvador es campeón mundial.

Pero no me referiré a la cacareada “migración inversa” ni a sus alusiones –aunque no lo crean– a “la primacía del Estado de derecho”, “el respeto por los derechos individuales” y “la independencia de los poderes públicos”; todo eso es ciencia ficción pura y dura en el reino del “bukelato”. Me centraré en lo que más me indignó, al igual que a otras personas observadoras analíticas de nuestro entorno ‒sin los anteojos cuenteros del régimen inconstitucional‒ es que asegurara que durante la barbarie pandilleril contra las mayorías populares no hubo “organizaciones de derechos humanos que se pronunciaran sobre tal atrocidad”.

No doña Juana Alexandra, eso no es cierto y debo ahora desmentirla. No sé si lo sabe. Por si acaso, le aclaro que fui director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) de enero de 1992 a enero del 2014. Fue una experiencia privilegiadamente enriquecedora que me permitió pasar revista a acontecimientos, noticiosos o no, desde la óptica del respeto de los derechos humanos individuales y colectivos. Y en el centro siempre estuvieron las víctimas a partir de una certeza: que son estas “las auténticas constructoras de la paz en El Salvador y porque, además, solo así nos dignificamos como personas y como sociedad”.

Eso expresé casi al final de mi intervención cuando le entregaron al IDHUCA, en nuestro territorio el viernes 16 de abril del 2002, una mención especial y la medalla de los derechos humanos de la República Francesa. Casi tres años después volé a París para recibir de manos de su primer ministro, el 10 de diciembre del 2004, el Premio de los derechos humanos de la República Francesa. Menciono estos galardones que, sumados a otros, respaldan el prestigio nacional e internacional del ente universitario que dirigí por más de dos décadas. Desde este, al recrudecer el accionar criminal de las pandillas, publicamos en el 2004 una investigación ‒con propuestas incluidas‒ titulada “El Salvador: protección a testigos, peritos y víctimas en procesos penales”. La elaboramos, con base en la experiencia y el conocimiento que habíamos desarrollado, a fin de ofrecer un insumo útil para el mejor funcionamiento de la institucionalidad respectiva.

Uno de los casos más emblemáticos, entre tantos en los que acompañamos a sus víctimas, fue el de la campeona estudiantil de lucha olímpica en la región. Alisson Renderos se llamaba y a sus dieciséis añitos fue desaparecida el 9 de mayo del 2012; localizaron sus restos humanos desmembrados casi un mes después. La familia Renderos finalizó así una carta que nos envió, fechada el 14 de enero del 2013: “Gracias al IDHUCA por su gran nobleza y generosidad, personas como las que lo integran se necesitan para proteger a la gente inocente y luchar por la verdad”. Entonces, señora Hill Tinoco, ¿en qué quedamos? ¿Rectificará? A propósito, si mal no recuerdo, usted fue facilitadora del diálogo y la tregua entre las pandillas y el Gobierno de Mauricio Funes. ¿O no?