Pesa sobre los directivos y ejecutivos de la cooperativa COSAVI la grave acusación de desfalco de al menos 35 millones de dólares, dinero que pertenece a los asociados y ahorrantes; delito calificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como defraudación a la economía pública, lavado de dinero, y agrupaciones ilícitas. Por esta razón, se emitieron 32 órdenes judiciales de captura, de las cuales 15 ya fueron efectivas, ante la creciente crítica pública que estos apresados son empleados de poca monta, mientras que los principales responsables se fugaron, desconociéndose quiénes son los 17 imputados restantes, y su paradero.

Hasta hoy se revelan detalles, después de cinco años de gobierno las autoridades se lavan las manos y revelan que desde el año 2013 esta cooperativa maquillaba sus estados financieros; y que, desde 2015 inició el desfalco de fondos. Nunca informaron que desde febrero de 2020 la Unidad de Investigación Financiera de la FGR estaba sobre el caso, y que había un proceso de intervención sobre dicha cooperativa. Sin embargo, semejante camándula de anomalías nunca fue advertida a los depositantes, quienes continuaron confiadamente realizando sus depósitos, desconociendo los riesgos. Este desfalco afecta directamente a un estimado de diez mil ahorrantes, que no saben cómo les esfumaron sus depósitos, y hoy legítimamente reclaman a la institucionalidad del Estado ser resarcidos en sus derechos.

La cooperativa COSAVI fue fundada el 9 de marzo de 2012; creció como la espuma, y en un poco más de una década acumuló activos por más de 291 millones de dólares. Hoy se conoce que desde el inicio sus costos de operación eran más altos que su rentabilidad y que el gancho con el que atrapó a los depositantes fue la oferta de tasas de interés por arriba de otras instituciones financieras; una alerta significativa si se compara con algunas prestigiadas cooperativas magisteriales que tienen más de cincuenta años de operar en el mercado, y cuyos activos rondan los diez millones de dólares después de muchas décadas de esfuerzo.

Es imposible pasar por alto que COSAVI ocupa el noveno lugar como acreedora, por proveer prestamos por más de 21 millones de dólares principalmente a alcaldías gobernadas por el actual partido oficial. Así, ha patrocinado buena parte de las fiestas patronales de esos mismos gobiernos municipales, a quienes también ha efectuado donaciones en especie como vehículos. Con todas las facilidades gubernamentales reguladas, esta cooperativa organizó masivos conciertos comerciales con artistas de renombre internacional, actividades sobre las que es difícil verificar y diferenciar el volumen del boletaje vendido y los boletos promocionales y de cortesía. Esta cooperativa aparece en los registros de 2020 como donante de contribuciones económicas para la campaña electoral de 2021, a favor del partido Nuevas Ideas de Bukele; del resto de campañas, este partido, al igual que otros, no han rendido informes del financiamiento privado recibido con fines electorales. Son estos hechos los que generan duda razonable respecto a la fuga del Gerente General y Gerente Financiero considerados los principales responsables de la trama financiera en COSAVI.

Es generalizado el cuestionamiento al Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) como instancia gubernamental responsable y rectora de las políticas públicas, acompañamiento y control en materia de cooperativismo. El nombramiento de sus titulares obedece más a intereses político-partidarios, carecen de personal especializado, recursos y metodologías para el cumplimiento de su mandato.

Hasta marzo de 2024, INSAFOCOOP registró 615 cooperativas, de estas 337 (55%) son de ahorro y crédito. El movimiento cooperativista es un tejido fundamental en esta sociedad caracterizada por la exclusión financiera y baja productividad; es muy diversa la naturaleza de sus actividades que abarcan también el transporte de pasajeros y carga, construcción y mejoramiento de viviendas, producción, comercialización, consumo, aprovisionamiento. En estas participan sectores organizados que van desde trabajadores gubernamentales, municipales, agropecuarios, de empresas, universidades, colegios, profesionales, comunidades, mujeres, iglesias y artesanos.

Hasta hoy, el artículo 114 de la Constitución establece: “El estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento”. Organismos calificados como la Alianza Cooperativa Internacional, vinculada a la OIT de las Naciones Unidas, establecen el contexto jurídico y conceptual sobre la naturaleza y funcionamiento cooperativista. Sin embargo, desconocemos cuál es la intención del gobierno de Bukele sobre las cooperativas. ¿Será el mismo que con los fondos de pensiones?