Creo que todos los salvadoreños, excepto los que viven de la economía criminal, están de acuerdo que se combata por todos los medios legítimos a las pandillas y prueba de ello es que ahora por primera vez se observa un desplazamiento de estos criminales hacia otros lugares, de modo que las pandillas están viviendo la persecución que por décadas les perpetraron a miles de familias salvadoreñas, y que dicha sea de paso ningún gobierno anterior al actual realizó acciones concretas para defender a la población honrada de estos grupos criminales y las políticas criminales represivas que implementadas todas fracasaron.

De tal suerte que siempre hubo un pacto debajo de la mesa, donde los gobernantes de turno favorecían a las pandillas con prebendas a cambio de votos en los contextos electorales, de modo que ese escenario no ha cambiado a la fecha a pesar de que se sienta una sensación de paz y un combate frontal a las pandillas, digo lo anterior porque no hay duda que ha quedado en evidencia el fracaso del Plan Control Territorial, que de ello nunca se supo el proceso de implementación, ni los índices, ni el método ni tampoco hubo rendición de cuenta de cómo se han gastado más de 500 millones de dólares.

Debe reconocerse que los índices de violencia y asesinatos han bajado drásticamente en los últimos tres años, pero la pregunta que debemos hacernos es ¿a qué costo? Y claro está que las clicas nunca dejaron de percibir prebendas por parte del GOES a cambio de no asesinar, tal como lo estableciera las diferentes publicaciones de El Faro, que por más que se les explique a los fanáticos no lo entienden. Muy a pesar que por medio de las publicaciones reveladas por el Faro, se realizó una para que se procesara a dos expresidentes y a una serie de funcionarios públicos por corrupción.

Entonces ¿cuál es el enfoque de mantener un Régimen de Excepción en este contexto, si el Plan Control Territorial había sido exitoso? La respuesta a esta pregunta la encontramos en el descenso de la popularidad del presidente, debido a todos los desaciertos, la falta de transparencia, la corrupción, las compras a funcionarios públicos y los graves señalamientos de un posible pacto con las pandillas con un revelador audio que presuntamente pertenece a un alto funcionarios propicios la huida de un líder pandilleril reclamado por el gobierno de los Estados Unidos.

Evidentemente este desgaste ha hecho que miles de salvadoreños comiencen a cuestionar las pócimas mágicas con las que se ha venido gobernando que al final solo son “renders” como; puentes, escuelas y hospitales, han quedado a nivel de diseños gráficos bien hermosos. Ahora bien, con las prórrogas simultáneas que se han venido aprobando del Régimen de Excepción, desconociendo el límite constitucional, dado que la causas que originaron su primera aprobación, ya no existen (el aumento de asesinatos) la Asamblea Legislativa, ha transgredido el orden constitucional.

Sobre todo porque en el marco del Régimen de Excepción, ciertos policías y soldados siguiendo ordenes ilegitimas han cometido atrocidades graves en contra de miles de salvadoreños que han sido detenidos de forma arbitraria, dado que no teniendo vínculos con las pandillas, ni antecedentes penales ni orden de captura vigente, los llegaron a detener en su hogar, de camino a su trabajo y algunos pastores fueron detenidos en sus iglesias, cuyo único pecado es ser pobre y vivir en lugares donde operan estos grupos criminales, de modo que esta población no solo ha sufrido por décadas el flagelo pandilleril sino que además viven ahora la persecución de estos cuerpos de seguridad, que se supone que su papel constitucional es proteger a la población.

Sin embargo, son pocas las voces que ahora defienden a estos compatriotas honrados, muchos de ellos rehabilitados de las pandillas, pero fueron detenidos sin percatarse las autoridades que ahora se trata de ciudadanos que no andan delinquiendo y que tienen años de servir en la iglesia. Peor aún hay ciudadanos que han sido detenidos sin tener ningún vínculo con las pandillas, pero que en los medios de comunicación las autoridades los presentan como delincuentes.

De manera que no solo les han robado su libertad sin tener derecho a una defensa y a un justo juicio, sino que mancillan su honor haciéndolos pasar como pandilleros, pero lo que es verdaderamente una barbaría es que a manos del Estado han muerto alrededor de 50 compatriotas que fueron vapuleados a otras personas se les negó el acceso a la salud y medicamentos, violando sus derechos humanos. Nos unimos al dolor de los que han perdido un ser querido.