Esta semana se vencía el plazo para que el gobierno de El Salvador erogara los $604 millones que faltaban de pagar del vencimiento de un bono que se emitió en 2002. Y lo hizo. El gobierno utilizando toda su maquinaria de propaganda ha equiparado este suceso a uno de los más grandes éxitos económicos —quizá sea porque no haya muchas cosas que presumir en este ámbito— incluso dejando entrever que este acontecimiento nunca había pasado anteriormente. Cuando en realidad el país, a excepción de 2017, siempre había cumplido con los pagos de deuda.

El revuelo causado puede ser explicado por las enormes dificultades que el gobierno ha tenido para conseguir el dinero para cumplir con este compromiso y los temores de que habían de que no lo consiguiera. Y sobre esto quizá es importante detenerse, pues es un aspecto que ha obviado decir el gobierno. ¿De dónde salieron los recursos para pagar esta deuda? En este mismo espacio, desde hace muchos meses antes, había señalado que el gobierno tenía diversas opciones para conseguir los recursos y que lo más seguro es que se decantaría por la estrategia del “puchito”. Y así fue. Al no lograr una sola fuente de financiamiento lo que iba a hacer era juntar recursos de distintas fuentes.

Es así como los recursos salieron de más deuda, con diversos acreedores, así como de las reservas internacionales del país. Es decir que esto sería el equivalente a que una persona celebre porque pagó una deuda, con dinero que consiguió de más deuda, la diferencia es que antes le debía a una sola persona y ahora le debe a cinco. Y además tuvo que vender la cadenita de oro que tenía guardada.

De acuerdo con los datos oficiales, los valores de las reservas internacionales netas del país como porcentaje del PIB son los más bajos de las últimas dos décadas. Y es importante tener presente que las reservas constituyen la liquidez con la que cuenta el país para enfrentar choques macroeconómicos adversos, como una recesión, y dado que El Salvador es una economía dolarizada esto se vuelve más relevante.

Al mismo tiempo, ante las dificultades de colocar más bonos en los mercados internacionales, el gobierno ha estado utilizando en una mayor cuantía los recursos provenientes de deuda interna; es decir, de dinero que principalmente le prestan los bancos privados del país, provenientes de los ahorros de los y las salvadoreñas. De acuerdo a los datos oficiales al 30 de noviembre de 2022, el saldo de la deuda de corto plazo era de $2,630.1 millones y al ser deuda de corto plazo se debe de pagar en menos de un año. Sin embargo, como el gobierno no tiene el dinero lo que ha ido haciendo es pagando deuda con más deuda.

Asimismo, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y en menor medida el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) se han convertido en los principales aliados para prestarle dinero sin mayores condiciones, particularmente en el ámbito de la transparencia al gobierno salvadoreño.

Falta por ver si con este cumplimiento los mercados internacionales reacciones de una manera tal que se le vuelva a abrir al gobierno la posibilidad de hacer una nueva emisión de bonos, pues hasta la fecha prácticamente siguen cerrados, porque la tasa de interés que pagaría el país sería muy alta. Además, hay bonos cuyos precios se sigue cotizando muy bajos, incluso a la mitad de su valor.

En cualquier caso, la situación financiera del gobierno salvadoreño seguirá siendo difícil, no solo en este 2023 sino también en los años venideros de no emprender una verdadera reforma fiscal integral, que abarque con medidas de corto, mediano y largo plazo, las áreas de ingresos, gastos, transparencia y deuda pública. Donde el manejo de la política fiscal permita una mejora en el bienestar de las personas. Pues más allá de los análisis económicos, la población salvadoreña, de acuerdo a la última encuesta de la UCA, indica que el tema económico es el principal problema que enfrente. Y 7 de cada 10 salvadoreños dicen que su situación económica está igual o peor. Una realidad que no da para celebrar.