El conglomerado estudiantil del sector público supera 1,2 millones, en 5,200 centros educativos con 37,827 aulas y 47,000 docentes. Mientras, 950 instituciones privadas atienden un estimado de 250,000 estudiantes, con unos 10,000 docentes. Aunque hay marcadas diferencias de calidad e infraestructura entre públicos y privados, los problemas recurrentes son: programas educativos deficientes, bajo rendimiento académico, bajos salarios y malas condiciones laborales para los maestros. A esto hay que sumar la crisis económica familiar por desempleo, los bajos salarios y el alto costo de la vida, que impactan la capacidad familiar para cumplir las responsabilidades en el proceso educativo.
Es válido el principio de que, al mejorar la calidad de vida de los maestros, estos tendrán un mejor desempeño en su labor educativa. De entrada, el sector público enfrenta un déficit estimado en 8,000 docentes, vacancia que genera vacíos, sobrecarga, deficiencias especialmente en matemáticas e inglés. El déficit es mayor en los niveles de educación inicial y parvularia, programas con escasa cobertura gubernamental y todavía muy poca especialización docente. Pero lejos de contratar y mejorar las condiciones salariales magisteriales para contribuir al desarrollo, Bukele decidió incrementar la Fuerza Armada de 20,000 a 40,000 soldados; y mantener un severo régimen de excepción que coarta libertades constitucionales. En contrasentido, un estudio de la UNESCO señala que los docentes no están siendo valorados en su profesión, padecen bajos salarios y les falta reconocimiento por su contribución al desarrollo, urgiendo dignificar la profesión docente.
En dirección contraria, Bukele incumplió la Ley de la Carrera Docente sobre un ajuste salarial cada tres años, siendo el último de $100.00 en 2019. El siguiente correspondía en 2022 y no se ha hecho. Sin embargo, solo la Canasta Básica se incrementó en 25% en el último año. El Gobierno se niega a dialogar. La gravedad de la situación obligó a los diez gremios de la Unidad Magisterial a convocar una marcha este 26 de enero, demandando la revisión salarial atrasada, denuncian el severo recorte de $60 millones a Educación; exigen la reconstrucción de mil escuelas por año prometido por Bukele, denuncian el retraso de alimentos en las escuelas; y rechazan las contrataciones irregulares de maestros.
El descalabro educativo arrastró a la Universidad de El Salvador, hoy estrangulada por el gobierno con una mora de $42 millones al presupuesto 2022 y 2023; afectando el pago de $ 8 millones a proveedores, con el consiguiente desabastecimiento y el recorte de programas de investigación científica y formación docente. Esto restringe la capacidad de admisión a estudiantes de nuevo ingreso, de 18,000 aplicantes al ciclo I -2024, la Universidad solo tiene capacidad de asimilar 11,200. Van más de cuatro años de retraso en la construcción de las sedes regionales de Chalatenango y Morazán, parte de las 15 promesas de Bukele a la UES. Antes de apostar por la educación Bukele priorizó el millonario montaje de granjas de troles, youtubers, tiktokers e influencers para su guerra mediática; y el multimillonario despliegue de burbujas como Surf City, Ciudad Bitcoin, Juegos Centroamericanos, Miss Universo, y el más reciente, la venida del Inter de Miami, todo por su campaña de reelección inconstitucional.
La única reforma curricular conocida gira entorno a las consignas del programa gubernamental “MI NUEVA ESCUELA” y “Crecer con Cariño”; incluyen el adoctrinamiento obligatorio sobre el manejo del fracasado Bitcoin que comenzó en septiembre con 150 docentes y 25,000 estudiantes. Mientras, el MINED dejó de pagar el paquete de datos para el flamante programa de computadoras y tablets de los estudiantes. Puestas así las cosas, conociendo las prioridades mediáticas de Bukele, ¿qué podemos esperar en calidad de educación? ¿habrá verdadero interés en cultivar una población educada, debidamente informada, con espíritu crítico, conocedora y empoderada en derechos y obligaciones? O más bien, ¿lo hay únicamente en formar “puya botones” y en capacitar mano de obra condenada a la emigración?