La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el accidente de trabajo como el suceso ocurrido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, que puede causar lesiones profesionales mortales o no mortales. En nuestro país el decreto No 254, emitido por la Asamblea Legislativa en el 2010, dice en su Artículo 1. El objeto de la presente ley es establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional que deben aplicarse en los lugares de trabajo, a fin de establecer el marco básico de garantías y responsabilidades que garantice un adecuado nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras, frente a los riesgos derivados del trabajo de acuerdo a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas para el trabajo, sin perjuicio de las leyes especiales que se dicten para cada actividad económica en particular. Este decreto incluye 90 artículos que definen las diferentes acciones en el proceso de prevenir este tipo de accidentes.
¿Y este decreto y sus 90 artículos están siendo aplicados por el Ministerio de Trabajo?
Según las estadísticas publicadas por el Ministerio de Trabajo del 2015 al 2019, (porque este gobierno ya no publica o permite el acceso a la información) los accidentes laborales en ese periodo aumentaron en un 28 %, desde 6,985 accidentes reportados en el 2015 a 8,913 accidentes reportados en el 2019. Durante este periodo de tiempo hubo 40,869 accidentes laborales, 172 fueron accidentes mortales. ¿Qué ha pasado desde el 2019 hasta la fecha? Pues no lo sabemos, el acceso a la información de gobierno actualmente es bastante difícil de obtener.
Lo que sí sabemos es que los reportes del Ministerio de Trabajo tradicionalmente han sufrido de un subregistro de casi un 200 %, cuando se comparan sus registros con los datos del Instituto del Seguro Social (ISSS).
Es necesario destacar las implicaciones del trabajo para la salud como uno de los principales determinantes sociales de la salud. El presente enfoque legalista y punitivo -más que todo focalizado en la implementación de remuneraciones económicas a las familias afectadas- del Ministerio de Trabajo, no tiene ningún efecto preventivo, como lo demuestran el creciente aumento de accidentes y muertes relacionadas con la seguridad en el ambiente de trabajo. Si en realidad el presente gobierno pretende cambiar y no seguir haciendo “lo mismo de siempre”, es necesario que las intervenciones se concentren en tratar de definir que se puede hacer (y cuáles son los obstáculos) para proteger la salud de los trabajadores y reducir las desigualdades sanitarias derivadas o agravadas por las experiencias y exposiciones en el lugar de trabajo.
La documentación existente en el país en el sector laboral es insuficiente en el mejor de los casos, y no permite el diseño de intervenciones específicas para disminuir la incidencia de accidentes laborales. De nuevo, el llamamiento al presente gobierno en la mejora de la transparencia en el acceso a la información y dejar de tratar de “tapar el sol con un dedo”.
Si en realidad el Ministerio del Trabajo pretende cambiar las condiciones de seguridad del trabajador salvadoreño, pequeñas acciones como las implementadas actualmente, son inútiles. Un trabajo serio implica una colaboración interinstitucional trabajo-salud con la participación de sociedad civil y academia.