De acuerdo con las estadísticas oficiales, 1 de cada 10 menores viven en hogares en situación de pobreza extrema, es decir que ni siquiera tienen cubiertas sus necesidades alimentarias básicas. El 37.0% de personas entre 0 a 17 años viven sin alguno o sin ambos padres ya sea por motivos de abandono, migración o muerte. Más de 250 mil niños y niñas en edad escolar se encuentran fuera de la escuela. Más de 66 mil menores entre 5 y 17 años que trabajan, en la mayoría de los casos en condiciones que no garantizan ingresos decentes y que interfieren con la posibilidad de asistir a clases. Además, la violencia sexual se hace presente en la vida de los menores, en 2022, la Fiscalía General de la República registró, en promedio, 6 casos de violencia sexual en contra de las niñas y adolescentes. Y si eso no fuera suficiente, en el último año, en la frontera sur de Estados Unidos, cada día se detuvieron 25 menores migrantes no acompañados.
Estos indicadores ponen en evidencia a un Estado que históricamente ha estado ausente en la vida de los niños y niñas, que ha sido incapaz de prestar bienes y servicios públicos que garanticen los derechos de los grupos poblacionales más vulnerables. Los niños y las niñas gozan de derechos, al igual que las personas adultas, pero, además, tienen derechos específicos y especiales derivados de su condición de personas en proceso de desarrollo.
La niñez es una etapa crucial para el desarrollo físico, mental y emocional de una persona, y representa una situación de especial vulnerabilidad, ya que se depende de los adultos para poder crecer saludablemente, participar de la vida en comunidad y desarrollar las capacidades hasta alcanzar la adultez. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos. Esta responsabilidad fue asumida por El Salvador desde 1990, con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, el instrumento internacional más importante que reconoce derechos fundamentales de la niñez como la salud, educación y alimentación.
Pero la garantía de derechos conlleva también la necesidad de contar con los recursos suficientes para financiar la prestación de bienes y servicios públicos de acceso universal y de calidad, una obligación que también es reconocida en la Convención. Pero acá el Estado salvadoreño también falla, de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2020 se destinaron apenas USD 1.33 al día para garantizar los derechos de cada niño, niña o adolescente.
La celebración del día del niño y la niña debería llevarnos a reflexionar sobre todas las formas en las que les fallamos la niñez, pero especialmente debería conducirnos a abogar por políticas públicas, incluyendo presupuestos públicos, orientados a garantizar el bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos. El cariño por la niñez debería verse reflejado en mayores presupuestos para construir escuelas, no para comprar armas anti-drones; para garantizar alimentación, no certámenes de belleza; completar esquemas de vacunación, en lugar de financiar campañas políticas.
Estamos iniciando oficialmente un nuevo período de campaña electoral, más de algún político se verá tentado a instrumentalizar la imagen de menores en su campaña, haciendo promesas de proteger a los más vulnerables y vendiendo la esperanza de heredarles un futuro mejor. Toca entonces cuestionar cómo todas esas promesas se van a convertir en realidades para nuestra niñez, por que el cariño también debe demostrarse con recursos, especialmente a través del presupuesto.