Por lo tanto, plebiscitar el Código de las Familias fue una decisión premeditada del gobierno. Pero, ¿por qué llevar a referendo una ley que el mismo gobierno redactó y aprobó, y que tenía el visto bueno de una parte del activismo local y de gran parte de la comunidad internacional? Por varias razones. La primera de ellas, una estrategia de pinkwashing. Después de décadas de represión y trabajo forzado como política de Estado contra la comunidad LGBTIQ+, desde las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP) de los 60’ en las que se “reeducaba” a los homosexuales hasta la cancelación de la marcha del orgullo gay en 2019 y la represión a la manifestación en rechazo de esta medida, el gobierno cubano, que hoy atraviesa una gravísima crisis económica y aún mantiene detenidas a más de mil personas por las masivas protestas del pasado 11 de julio de 2021, decide avanzar con una agenda progresista que tiene el beneplácito de algunos actores locales (muy activos en las protestas del 11J) y de parte de la comunidad internacional. Y además, decide hacerlo a través de un referendo, de manera de ofrecer una imagen democrática y de participación masiva.
Por otro lado, someter este código a referendo lo exime de responsabilidad frente a los grupos religiosos y conservadores que rechazaban el contenido de la ley, al poner “en manos de la mayoría” la decisión. Por último, refrendar el código y por lo tanto habilitar un periodo de campaña (aunque la Ley Electoral “excluye” la propaganda electoral) contribuyó a la fragmentación de una sociedad civil que un año atrás estaba unida exigiendo libertad y derechos humanos en las protestas del 11 de julio.
En la sesión de la ANPP del 22 de julio se aprobó el proyecto final del Código de las Familias y se convocó el referendo para su aprobación a celebrarse el 25 de septiembre. Ese domingo, entre las 7:00 hs y las 18:00 hs, las personas encontrarían en los más de 24 mil centros de votación una papeleta con la pregunta “¿Está usted de acuerdo con el Código de las Familias?”, y con las opciones “Sí” y “No”. Durante los casi dos meses que pasaron entre la convocatoria y la celebración del referendo la élite gobernante usó todos los recursos del Estado para promover la aprobación, violando el artículo 85 de la Ley Electoral que establece que el sistema electoral cubano, por su naturaleza y esencia “excluye todo tipo de propaganda electoral individual y cualquier otra acción encaminada a inclinar la decisión de los electores (...)”. Así, se usaron los medios de comunicación estatales (televisión, radio, prensa, webs) para hacer campaña a favor del Sí, y a través de sus cuentas personales e institucionales en redes sociales funcionarios de alto rango como el presidente Miguel Díaz Canel, el canciller Bruno Rodríguez, el gobernador de La Habana, Reinaldo García, o el ministro de justicia, Oscar Silvera, invitaban a sus seguidores a votar por la aprobación, catalogando a la ley como “código de los afectos”, “código de la paz” o “código del amor”.
En el sistema electoral cubano no hay controles cruzados, auditorías independientes, ni observación electoral nacional o internacional. Esto quiere decir que lo que sucede en el proceso electoral es una caja negra, y no hay actores por fuera del Partido Comunista de Cuba que puedan dar cuenta de cómo se organiza la elección y sobre todo de cómo transcurre el proceso de conteo y totalización de los votos. De manera que los resultados publicados por el Consejo Electoral Nacional (CEN) no pueden ser contrastados. Dejando claro que los resultados informados no necesariamente reflejan la voluntad popular, el CEN anunció en la mañana del lunes 26 que de un padrón electoral de 8.447.467 electores, participó un 74,01% (6.251.786). El 66,87% (3.936.790) fueron a favor de la aprobación del Código de las Familias y el 33,13% (1.950.090) en rechazo. Si se dan por ciertos, estamos ante los resultados más disputados y la participación más baja en un referendo o cualquier tipo de elección desde 1959.