El INSAFORP se fundó el dos de junio de 1993, precisamente en el contexto de la desmovilización de miles de veteranos de guerra y excombatientes de la guerrilla que ameritaban acompañamiento calificado en los procesos de reinserción. De la misma manera, había decenas de miles de pobladores reasentados en sus lugares de origen, cuyos jóvenes estaban ávidos de encontrar espacios de formación y trabajo ante la nueva realidad de un país en reconstrucción, después de un prolongado conflicto armado. Así mismo, la sociedad en su conjunto demandaba formación técnica y profesional en el periodo de suscripción de diferentes tratados comerciales que generaban la expectativa de procesos de industrialización y crecimiento de servicios que exigían mano de obra calificada ante el avance de la globalización (el análisis sobre ese periodo corresponderá a un estudio diferente).
El objetivo con que nace INSAFORP fue el de satisfacer la necesidad de recursos humanos calificados requeridos por el desarrollo económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. De esta forma, a lo largo de treinta años, la institución gestó la formación de cinco millones de personas capacitadas en distintos programas, muchos de ellos repetidos en distintas especialidades. El carácter tripartito en la conducción y administración del instituto (empresarios, trabajadores, Gobierno) le permitió un reconocido funcionamiento, distante de las pasiones político partidarias; asegurando el refresco constante y actualizado en sus programas de formación; así como aceptables políticas de género que permitieron la inclusión de mujeres en carreras otrora vedadas de manera injustificada, como la mecánica automotriz; y en etapas más recientes, la formación en programación de software, sistemas y hardware.
El cierre de INSAFORP y la pretensión de usurpar el 80% del presupuesto que pasará a cubrir otras “necesidades” del Gobierno central vía el Ministerio de Hacienda, cuando el 90% de ese presupuesto es aportado por el sector privado, mientras el gobierno solo aporta el 10% es el colmo del descaro. Esta es también una clara señal del desprecio del Gobierno de Bukele hacia los jóvenes, que son precisamente los más vulnerados por la persecución y estigmatización desatada por el Régimen de Excepción. Con el traslado de algunas funciones de formación laboral al Ministerio de Gobernación, y cercenando el 80% del presupuesto, sin el carácter tripartito, se desnaturaliza el sentido que tuvo el Instituto y se rompe el vínculo consensuado de prácticas laborales (aprendizaje) dentro de las empresas y centros laborales del primer empleo, empujando irremisiblemente a la juventud a emigrar.
El cierre de INSAFORP e INJUVE suman a una larga lista de instituciones destruidas por Bukele entre las que están: FONAES (Fondo Ambiental de El Salvador), DIGESTYC (Dirección General de Estadísticas y Censos), PROESA (Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador), Consejo Salvadoreño del Café; FISDL (Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local), ISDEM (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Económico Municipal); y otras llevadas a la inanición presupuestaria con el fin de extinguirlas: Ciudad Mujer, ISDEMU (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer) y la reducción de 262 a 44 municipios. En todos los casos las instituciones a las que se cargó la fusión formal de algunas responsabilidades resultaron ineficaces; tal es el caso de La DOM (Dirección de Obras Municipales), y el fallido Ministerio de Desarrollo Local.
Definitivamente el régimen de Bukele no tiene ningún plan para modernizar el Estado, el desguace institucional tiene a la base el desprecio por los problemas sociales y del desarrollo; pero fundamentalmente, el desastre administrativo y presupuestario al que nos han llevado.