El gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele ha incurrido en impago. Esta es la conclusión de dos de las calificadoras de riesgo más importantes a nivel mundial, Fitch Rating y Standard & Poor’s. Este suceso es muy inusual en la historia de El Salvador. Por ejemplo, luego de caer en impago durante el gobierno del dictador Maximiliano Hernández Martínez en el siglo XX, no volvió a suceder.

El impago del gobierno actual se habría dado en la deuda de pensiones que tiene con los trabajadores que cotizan a través de las administradoras de pensiones. Es importante recordar que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Integral del Sistema de Pensiones, mediante una propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, esta ley no fue verdaderamente integral, como su nombre indica.

En el mismo paquete legislativo se aprobó la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), el cual asumiría la deuda del Estado con la clase trabajadora. Es relevante mencionar que esta deuda no cuenta con garantía estatal. Para asumir la deuda, se aprobó la emisión única de los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Sin embargo, las condiciones de emisión de estos CFT, como la tasa de interés, el plazo de pago e incluso la posibilidad de un periodo de gracia sin pagos, serían definidas por el ISP.

En su momento, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), otras entidades y analistas advirtieron sobre esta situación, ya que en un contexto de crisis financiera del gobierno salvadoreño, esta iniciativa podría buscar alivio financiero. Y eso es lo que finalmente ocurrió.

El plazo para realizar esta emisión venció el pasado 30 de abril. Sin embargo, como es característico de este gobierno, los términos y condiciones del traspaso no se conocen, ya que esa información se ha declarado como reservada. No obstante, gracias a la publicación de las calificadoras, ahora se conoce un poco de esta información.
Según la agencia calificadora Fitch, el gobierno ofreció tres series (A, B, C) para pagar la deuda de pensiones, con diferentes plazos, tasas de interés y períodos de gracia. En la serie A, se replicaron los términos de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) reestructurados en 2017, los cuales sumaban USD 6,200 millones, con un vencimiento de 24 años y una tasa de interés del 4.5%. Luego, en la serie B, se propuso que los CIP emitidos después de 2017, por un total de USD 2,200 millones, tuvieran un vencimiento de 44 años y una tasa del 6%. Finalmente, en la serie C, el gobierno ofreció un rendimiento mayor del 7% a cambio de una extensión del vencimiento a 50 años y un período de gracia de cuatro años. La calificadora detalla que “los fondos de pensiones privados eligieron abrumadoramente la serie C”.

Para ambas calificadoras, esta operación constituye un impago según sus criterios, ya que el canje implicó un cambio adverso en los términos a través de la extensión de los vencimientos y la adición de un período de gracia.
Un aspecto destacable es el papel de un actor clave en todo este proceso: las administradoras de pensiones. ¿El silencio desde la presentación de la propuesta de reforma por parte del gobierno, durante el proceso de aprobación y ahora en la emisión de los CFT, se debe a que están de acuerdo? ¿Hubo una negociación con el gobierno en la que aceptaron cualquier cosa, incluso en detrimento de la clase trabajadora, con tal de garantizarse la continuidad en la administración de los fondos de pensiones?

Este impago, más allá del hecho simbólico que quedará registrado en los libros de historia, de que el gobierno del presidente Bukele sí cayó en impago, confirma la difícil realidad de las finanzas públicas salvadoreñas. También reafirma la visión de corto plazo de un gobierno dispuesto a hipotecar lo que sea con tal de obtener alivio financiero. Ahora que el gobierno celebra una ligera mejora en las calificaciones de riesgo, debería explicar a la población que esto ha sido a costa de caer en impago con la clase trabajadora, a quienes dice defender tanto.