Me parece que hasta mucho se tardó el Ministerio de Trabajo en anunciar que tutelará los derechos laborales de los futbolistas de las “ligas profesionales” de El Salvador, debido a las deudas salariales que acarrean los diferentes equipos y al abuso de sus patrones (directivos) que los condicionan arbitrariamente.
Algunos han señalado que eso es intervención del Estado en el fútbol, lo cual es falso, en cuanto a que no se está interviniendo o incidiendo en las formas de competición deportiva, lo cual compete exclusivamente a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) avalada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). Es decir, no se está regulando el sistema de participación u organización, ni se está decidiendo sobre situaciones de índole particular de las ligas.
Fuera intervención si un ente estatal decidiera sobre la cantidad de equipos, el número de extranjeros, los topes salariales las sanciones administrativas o deportivas, la aprobación de escenarios deportivos, los contratos publicitarios, las edades de los jugadores y los cuerpos técnicos, los horarios de los encuentros y otros detalles que son exclusivos de las autoridades deportivas.
En definitiva, tutelar los contratos laborales es potestad de las autoridades deportivas, pero también del Ministerio de Trabajo, pues es un acto público rendido ante un notario que, en representación de Estado, ha elaborado dicho contrato, el cual no puede finiquitarse o modificarse si no es de común acuerdo entre las partes. Por ejemplo, a un futbolista no se le puede dar menos de su salario (mucho menos medio salario) o atrasársele solo porque el equipo va mal deportivamente, tampoco por resultar lesionado, expulsado o tener un bajo rendimiento.
Obviamente todo contrato implica deberes y derecho y el empleado está obligado a cumplir en buenos términos sus funciones- Si en un contrato dice que el empleado (futbolista) no puede consumir drogas, bebidas embriagantes, jugar durante la semana en equipo aficionados u otras condiciones, debe cumplir. De lo contrario puede ser cesado, toda vez que esté estipulado con claridad en el contrato.
Entonces la decisión del MITRAB, anunciada por el ministro Rolando Castro es buena, aunque debió ser desde hace algunos años, incluso décadas. El MITRAB debe supervisar el fiel cumplimiento y sobre todo el pago de los salarios en su respectivo tiempo. Ningún directivo puede considerar eso como acoso, pues al aceptar ser miembro de una directiva, también está aceptado responsabilidades. El futbolista (y el cuerpo técnico) entrena y juega tratando de dar espectáculo y obtener buenos resultados; mientras que el dirigente administra el club en lo deportivo y financiero haciendo gestiones de representación y captación de fondos.
A esto no se le puede llamar intervención del Estado en la autonomía del fútbol, pues es imposible que escala mundial los Estados no tengan intervención de alguna manera, por ejemplo la Hacienda Pública interviene cuando los futbolistas y entrenadores pagan su renta. Recordemos como en países europeos y de otras latitudes procesan a futbolistas por evasión de impuestos. Algunos han sido condenados con prisión, aunque la mayoría se ve obligado a pagar la deuda al Estado. Me pregunto cuántos futbolistas salvadoreños pagan renta o cuántos equipos pagan Seguro Social, AFP y otras obligaciones patronales. El Ministerio de Hacienda de El Salvador también debe infeccionar y verificar, conforme a las leyes salvadoreñas, que los empleados de los equipos paguen renta.
La carrera del futbolista es demasiado corta y los salarios son bajos para la mayoría de ellos. Ante los atrasos salariales muchos se endeudan o se ven obligado a “jugar clandestinamente” en equipos aficionados corriendo el riesgo de lesionarse o bajar sensiblemente su curva de rendimiento. Debido a ello tutelarles su salario es una responsabilidad compartida de la FESFUT y del MITRAB.
He escuchado a dirigentes deportivos quejarse de la decisión del MITRAB y señalar que eso es intervención estatal. Sin embargo, los equipos salvadoreños (o clubes, como le gusta decir a los directivos) siempre han estado intervenidos indirectamente por el Estado. Recordemos que la seguridad durante los juegos es ejercida por la Policía Nacional Civil (un ente estatal) y que muchos juegan en escenarios deportivos municipales (las alcaldías son instancias estatales).
Además, si hacen bien su papel como directivos no les debe preocupar ni un ápice que el Ministerio de Trabajo los supervise. Los directivos, como toda empresa privada o institución pública debe pagar por quincena o mensualidad vencida. Si es posible antes, mucho mejor. No es hacerle un favor a los empleados, es simplemente cumplir con a ley y ser justos. Nadie es futbolista, entrenador o dirigente a la fuerza. Cada quien adquiere compromisos y su obligación es honrar con dignidad sus funciones.
Nadie está sobre la ley y el Estado. Si en un caso excepcional se sospecha de lavado de dinero u otra irregularidad penal, la Fiscalía General de la República (ente estatal) debe intervenir con pesquisas de investigación y proceder penalmente si detecta la comisión de delitos, pues la autonomía del fútbol no es garante del ejercicio de irregularidades. Hace casi una década se procesó a futbolistas que supuestamente amañaron partidos de la “Selecta”. Estos futbolistas fueron sobreseídos en una audiencia preliminar, pues no existía en la legislación penal salvadoreña artículos para sancionar semejante acto de traición a la patria. Paralelamente fueron sancionados en lo deportivo.
Recientemente el sistema penal intervino luego de la desgracia en el estadio Cuscatlán cuando alrededor de nueve aficionados murieron y decenas resultaron lesionados como consecuencia de una avalancha humana generada por una desordenada logística. El equipo responsable fue sancionado por el sistema penal, independientemente de las sanciones o decisiones del ente rector de fútbol salvadoreño.
En otras palabras, que el MITRAB ejerza tutela sobre los contratos y salarios de los futbolistas es algo funcional que no necesariamente es intervención, pues el Ministerio busca garantizar el cumplimiento de los equipos en el plano laboral. En lo deportivo, debe ser la FESFUT con e aval de la FIFA, la que norme, decida, planifique, organice y resuelva los sistemas de competición.