El Salvador es sede de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento multidisciplinario, considerado el certamen deportivo regional más antiguo y realizado usualmente cada cuatro años. Esta competencia se aloja por tercera ocasión en territorio salvadoreño: 1935, 2002, 2023. De acuerdo a la historia, estos juegos comenzaron por iniciativa de México en 1926, y contaron con el respectivo aval del Comité Olímpico Internacional. Solo al final del evento, de acuerdo al tablero de medallas, tendremos la perspectiva de los avances mostrados por nuestros deportistas en las distintas disciplinas, producto de su constancia, esfuerzo y sacrificio, así como el decidido apoyo de sus familias. Y, por supuesto, tendremos insumos para medir el resultado de las políticas gubernamentales en materia deportiva.

En esta ocasión, el presidente del INDES expresó: “Queremos organizar los mejores Juegos Centroamericanos y del Caribe de la historia”. Sin embargo, bastó una tormenta para develar el inconcluso y precario estado de algunas de las obras de infraestructura deportiva, realizadas a última hora y con mucha premura; con los invitados presentes y las competencias instaladas. Fue precisamente esta “premura”, la condición que dicen impidió aplicar los debidos trámites administrativos de licitaciones, mismos que están legal y éticamente contemplados para la realización de toda obra pública. Por lo tanto, ha tenido que ser la libre gestión la predominante para ejecutar el millonario presupuesto, una irregularidad tendenciosamente usual y normal en la opaca gestión de este Gobierno.

Las irregularidades mostradas en la construcción, remodelación y gestión de la infraestructura deportiva son una más del largo rosario de improvisaciones y omisiones. Es el mismo caso del incomprensible atraso en la construcción del Hospital Rosales, una obra que dispone del financiamiento de un crédito del BID, y que, de acuerdo al Gobierno, es ejecutable en tan solo dieciocho meses. Sin embargo, lleva cuatro años de retraso, tres amagos de inicio y colocación de la primera piedra. Este es un retraso fatal, con la consecuente pérdida de vidas humanas, producto de una precaria y obsoleta infraestructura hospitalaria de ciento dos años de existencia, que fue inaugurada el 30 de julio de 1902.

Los antecedentes del proyecto para construir el nuevo Hospital Rosales iniciaron con el Programa Integrado de Salud (PRIDES-II), un préstamo del BID por 170 millones de dólares gestionado durante el gobierno del FMLN 2014-2019 y ratificado por la Asamblea Legislativa el 7 de junio de 2018. El desembolso de fondos para la construcción inició en 2019 con la administración Bukele. El 28 de agosto de 2019 Bukele expreso: “Ya están los fondos para la construcción del nuevo Hospital Rosales”. Luego en febrero 2022 Bukele nuevamente se refirió al tema: “Este año se construirá el Hospital Rosales por un monto de 35 millones”. Los fondos del préstamo originalmente incluyen la construcción de 31 unidades de salud, mejoramiento de 11 hospitales, la construcción del Hospital de la Zona Norte en Nejapa, y la construcción de un moderno Hospital Rosales. El crédito fue aprobado para ser ejecutado durante cinco años, que vencen en junio de 2023.

La construcción del Hospital Rosales fue frenada por el Gobierno en distintos momentos: primero adujeron “revisar y reformular el proyecto”, cuyo diseño contó con el acompañamiento, asesoría y aval del mismo BID, así que volvieron a comenzar desde cero. Luego declararon desierta la licitación sin mayores explicaciones y sin ajustar los términos de referencia. Y por último, encomendaron una construcción tan especializada a la DOM (Dirección de Obras Municipales), una institución sin experiencia ni trayectoria. Este grave atraso contrasta con la celeridad con que en solo cuatro meses el Gobierno construyó el hospital veterinario para mascotas “Chivo Pets”; de la misma forma en que construyeron en tan solo seis meses la prisión más grande de Latinoamérica. El gobierno debe responder que pasó con los 170 millones del BID.

Este rio revuelto, artificiosamente creado, corresponde a un descarado método para imponer urgencias e improvisaciones. De la misma manera, aprueban reformas amañadas para bloquear la transparencia, así como esconder y encubrir la oscura realización de procesos de libre gestión de obras públicas y ejecución de presupuestos. Estos los ejecutan sin procesos de licitación, sin rendición de cuentas, sin acceso a la información pública, imponiendo reservas hasta de siete años, que impiden a los medios de comunicación, academia, tanques de investigación e instituciones de la sociedad civil especializadas, el debido escrutinio sobre la función gubernamental.