El pronóstico electoral de 2024 lo dominan quienes controlan el sistema, este se conjuró mediante la imposición de un abultado paquete de reformas electorales que desfiguraron los avances democráticos conquistados con los Acuerdos de Chapultepec. Hoy expectamos una grotesca campaña sin las menores garantías, al mejor estilo de la antigua Roma, aunque carente de pan para las multitudes. Mientras, como en la más lúgubre escena de horror en la casa del “monstruo de Chalchuapa”, los conjurados aguardan tras la puerta, con el mazo alzado, esperando el ingreso de incautos electores creyentes de sus promesas.
El mayor reto de 2024 es la grave situación de pobreza que abate al 27% de la población; y la desesperada condición de extrema pobreza en la que se encuentran 200,000 personas desde 2019, debido al deterioro económico y al cierre de programas sociales (datos de La CEPAL). La crisis ambiental y el abandono del agro amenaza con una mayor crisis al sector agropecuario. Es precaria la estabilidad de la clase media pauperizada por la pérdida de ingresos, la subida de costos y la disminución de las capacidades productivas del país. De acuerdo con diferentes agencias calificadoras, el PIB caerá de 2.7 a 1.8 % durante el presente año. Para los asalariados formales, angustiados por el alto costo de la vida, el Centro de Defensa del Consumidor propone un incremento al salario mínimo de 25%; una propuesta congruente con el 25% de incremento que sufre el valor de la Canasta Básica, una medida que beneficiaría a 732,000 trabajadores. Inauguramos 2024 con una colosal deuda pública de $29,452 millones, de los que este Gobierno hasta noviembre incrementó $9,649 millones. De esta, solo la deuda previsional hasta noviembre suma $9,409 millones; durante el año anterior el nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones emitió Certificados de Obligación Previsional por $1,009.7 millones. Esta abultada deuda, más el descalabro y opacidad de las finanzas públicas, auguran el mayor ajuste fiscal que la población halla padecido, y del que Bukele anunció que solo se conocerían acuerdos con el FMI hasta después de las elecciones. Será entonces cuando se conozca el oneroso paquete tributario, trago de medicina amarga anunciada por Bukele.
El MINED aún no termina de cubrir el presupuesto básico de mantenimiento del año anterior (2023) a los 5,150 centros educativos; tampoco termina de pagar uniformes, útiles y zapatos a los proveedores; tan siquiera los 43,000 docentes del sector público recibieron el ajuste salarial que debió realizarse en 2022 (art. 33 Ley de la Carrera Docente). Este debe ocurrir cada tres años, el último fue en 2019. A esto sumemos la mora en la reparación de mil centros educativos en 2023; más las reparaciones de otros mil en 2024, de acuerdo con la promesa de Bukele; metas difíciles de cumplir conociendo que solo a educación Bukele ordenó recortar $60.4 millones del presupuesto 2024. De la misma forma, a la UES le recortaron $7,780,815.00, además de adeudarle $42 millones del año anterior; y no le asignaron presupuesto para construir las sedes universitarias en Chalatenango y Morazán, una de las quince promesas de Bukele en el campus universitario hace más de cuatro años.
Otro reto será el funcionamiento de “La Mega Capital”. Después de fundir por razones electorales en 44 municipios las 262 alcaldías del país, no existe un modelo de integración, no hay una estrategia de desarrollo, no se conoce concepto sobre el funcionamiento distrital; el desastre de la reforma desintegró las microrregiones y mancomunidades municipales, imponiendo una extrema centralización autoritaria que rompe el vínculo de los gobiernos locales con las comunidades. Después de las elecciones, y más allá de la previsible agudización represiva, el 2024 se caracterizará como el periodo de crecimiento de las organizaciones de base sectorial y territorial del país, pues el rio siempre encontrará su cauce.