Esta semana se han publicado los resultados de la Encuesta de Presupuesto Abierto, elaborada por el International Budget Partnership en su edición de 2021, donde evaluó a cinco países de la región centroamericana: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Los resultados muestran una región que aún no cuenta con suficiente transparencia presupuestaria: con una puntuación 54 en promedio.
Sin embargo, El Salvador obtuvo un puntaje general de 41, que representa una caída de 5 puntos con respecto a 2019. Esto implica el mayor retroceso observado en Centroamérica y sitúa a El Salvador con el peor desempeño en transparencia presupuestaria de toda la región centroamericana, incluso por debajo de Nicaragua que era el último lugar. Este hecho es la primera vez que sucede desde que se realiza la encuesta.
El bajo puntaje se debe a elementos tan básicos como no publicar el documento de Revisión de mitad de año. Si bien es cierto que el Ministerio de Hacienda publica un informe a mitad del ejercicio fiscal, dicho documento carece de información clave, pues no incluye datos clave como los supuestos macroeconómicos, el estado de las obligaciones y derechos financieros, las obligaciones previsionales, entre otros. Además, el Documento preliminar del presupuesto se publicó tardíamente, con menos de un mes de anticipación a la presentación de la propuesta de presupuesto del Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.
Donde peor sale evaluado El Salvador es en el componente de participación pública, al obtener un puntaje de 20 sobre 100, siete puntos más que en la última edición. Este incremento se debió a que la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa recibió a representantes de organizaciones de sociedad civil para que pudieran presentar sus análisis y recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto, tanto en 2019 como en 2020. Sin embargo, lamentablemente, la nueva legislatura cerró estos espacios de participación. A pesar de esta mejora en el puntaje, el país está aplazado porque no existen espacios para la participación ciudadana en las diversas etapas del ciclo presupuestario.
En el componente de vigilancia del presupuesto, la calificación de El Salvador en 2021 fue de 61 puntos, el mismo puntaje que en 2019. El principal punto a destacar es que la Corte de Cuentas no produce propiamente un informe de auditoría sobre la ejecución presupuestaria, aunque tiene la obligación constitucional de hacerlo. Además, aunque la Corte de Cuentas tiene la facultad de fiscalizar todo fondo público, incluyendo los administrados por entidades privadas, y tiene acceso irrestricto a documentos en los procesos de fiscalización, en la práctica se ha presentado el caso de que los fondos asignados a la partida 54315 (denominada partida secreta) o los destinados al Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) no han sido auditados, bajo el argumento de seguridad nacional, lo cual carece de fundamento legal.
A esto hay que sumarle la falta de separación de poderes, la política de opacidad y la continua puesta en marcha de prácticas para saltarse los controles que permiten asegurar el buen uso de los recursos. Con esta encuesta, el gobierno ya sabe cuáles son las áreas que debe mejorar, todo pasa por la voluntad política para hacerlo. Luego de tres años de este gobierno más allá de las palabras bonitas, la evidencia muestra que sí hicieron historia, pero ubicando al país con el peor desempeño en materia de transparencia fiscal de toda la región centroamericana.