Por muchos años los países latinoamericanos fueron tratados como laboratorio de ensayo de la más diversas pruebas, al tanteo y error, imponiendo modelos en la disputa por el dominio hegemónico, para impedir y bloquear el desarrollo autónomo. Así la región y el país durante el siglo anterior estuvieron plagados de ominosas dictaduras, ensayos de férreas políticas represivas enfocadas en la seguridad nacional, la exclusión y el control ideológicos, carencia democrática, de libertades y derechos civiles. Ese largo periodo de oscuridad encontró salida en cruentos procesos revolucionarios y guerras civiles que atisbaron luz tras Los Acuerdos de Esquipulas I y II, abriendo brecha a sendos procesos de negociación política en algunos países, hasta definir aspectos básicos de un rumbo consensuado.
La crisis que padece Latinoamérica es una acumulación en la que la inseguridad social es producto de la exclusión y la pobreza; de rezagos culturales y educativos debido a la inviabilidad de modelos económico-sociales impuestos; de injustos términos de intercambio comercial, así cruentos efectos ambientales por la deforestación y erosión producidos por la voracidad humana y el cambio climático. Aunado a ello, la crisis del agua; el deterioro del hábitat familiar y comunitario; el desempleo e informalidad laboral; la creciente inflación; el alto costo de la vida; la creciente crisis alimentaria camino a convertirse en hambruna; y la falta de transparencia y corrupción. Estas condiciones son el caldo de cultivo en el que florecen la violencia intrafamiliar, el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas -estos últimos producto de la descomposición social en EE. UU.-, que en conjunto explican el fenómeno de inseguridad, pobreza multidimensional, desplazamiento interno y la vorágine migratoria.
En este contexto retorna el autoritarismo a El Salvador, en la forma de un régimen conservador y altamente mediático desde la figura egocéntrica de corte mesiánico neodictatorial de Bukele, centralizando todo el poder político desde la presidencia sobre el legislativo, la fiscalía, el poder judicial, y todas las instituciones del estado sometidas a su voluntad. Para ello utiliza multimillonarios recursos en una de las mayores maquinarias de comunicación política, manejadas por una camarilla de asesores, un ejército de operadores de comunicación convencional y redes sociales con modernas técnicas, tecnologías y sofisticados recursos que emulan a Goebbels. Al mismo tiempo, dispone de un aparato represivo militar, policial y carcelario, arropado con un régimen de excepción, para un estricto control poblacional, persecución de medios y periodistas incómodos, organizaciones de la sociedad civil, críticos, opositores, movimientos sociales y populares. Con esta maquinaria, Bukele pretende desarrollar “una receta modelo”, presentada como panacea y atajo para resolver de manera exprés y abreviada los graves problemas de inseguridad y violencia, mediante una eficiente maquinaria represiva y de comunicación; evadiendo el compendioso camino de construir un modelo de desarrollo consensuado, equitativo, justo y sustentable. Esto hace de El Salvador el laboratorio perfecto, con los conejillos de india adecuados para consolidar una nueva vacuna que alivie momentáneamente la violencia, sometiendo a los pobres.
La expectativa de un modelo exportable explicaría el viraje del lenguaje crítico al tolerante, visto en la secuencia de imágenes, discurso complaciente y cálida reunión entre el Embajador de EEUU y el presidente Bukele. También el mensaje de la imagen, perfectamente modelada, entre el secretario de Estado, Blinken, y la canciller salvadoreña Alexandra Hill; secuencia que coincide con la ensayada declaración del banco estadounidense JP Morgan, que ve con optimismo la economía salvadoreña, a diferencia de la crisis en la población y lo expresado por los organismos financieros multilaterales y calificadoras de riesgo, señalando el rezago de la economía salvadoreña en la región. Las tres imágenes apuntan a un posible acuerdo negociado que dejaría de lado la constitucionalidad, institucionalidad, transparencia, democracia y el respeto por los derechos humanos.