La presente es bastante atípica a las últimas con excepción de la anterior inmediata, realizada en el 2018. En ese año y en segunda ronda, fue electo el actual presidente don Carlos Alvarado, venciendo a don Fabricio Alvarado. En Costa Rica para ganar en primera ronda se requiere obtener un mínimo del 40% de los votos válidos emitidos. La Constitución Política establece en su artículo 132, que luego de presidir el país, hay que esperar ocho años para volver a presentar la candidatura al cargo.
En el 2018 ninguno de los dos partidos tradicionales del bipartidismo, ni Liberación Nacional (PLN) o Unidad Social Cristiana (PUSC) alcanzaron la segunda ronda. Fueron el relativamente nuevo partido oficialista cuya popularidad en diciembre del 2017 no llegaba ni al 5% y otro debutante de orientación evangélica y fuerte vínculo con iglesias extranjeras de esa orientación religiosa, los que desplazaron a los tradicionales al haberse polarizado el debate político antes de la primera votación, siempre el primero de febrero en el cuatrienio correspondiente.
El debate se concentró en temas socio-éticos como lo son el aborto y el matrimonio igualitario. Para el suscrito un grave error de la ciudadanía, al dejar en segundo plano temas medulares socio-económicos y políticos, sin menoscabo por supuesto de la importancia social de los dos temas que polarizaron al votante costarricense. El abstencionismo rondó el 34% en la primera ronda y 33% en la segunda, algo menor en ambos casos que en el 2014, otro año atípico. Aleccionadora historia.
Hoy en día la elección presidencial costarricense tiene 25 candidatos, de los que 16 se postulan también como candidatos a diputados. Los hay desde la extrema izquierda con visos anarquistas, hasta partidos conservadores y liberales manchesterianos, incluyendo por supuesto a los mencionados como tradicionales y el oficial PAC, que intenta triplicar consecutivamente. De ellos hay un pelotón puntero encabezado por el expresidente José María Figueres del PLN, Lineth Saborío del PUSC, Fabricio Alvarado, repitente, evangélico, José María Villalta del Frente Amplio, con vínculos con el Foro de Sao Paulo y Rodrigo Chaves, ex funcionario del Banco Mundial, donde fue sancionado por acoso sexual.
Según la encuestadora CIEP de la Universidad de Costa Rica, la que se considera más confiable, los porcentajes de apoyo al 18 de enero son los siguientes respectivamente: 17,13,9, 6 y 5%. Evidentemente, el pasar a la segunda ronda está en el aire, excepto para Figueres, quien tendrá más dificultades para asegurar alianzas que le permitan llegar a la meta final.
Sin embargo, que existan 25 candidatos no contribuye a la democracia. Las reglas se relajan y se deteriora la seriedad del proceso. ¿Por qué esta cosecha de candidatos, algunos impresentables? Por un lado me parece tiene que ver con lo que pasó en la elección del 2018, cuando “la tortilla” se volteó en dos meses, aunque esta vez no parece haber un disparador. Los pequeños tienen esa esperanza. Segundo, para potenciar candidaturas a la diputación. Tercero y dejando de lado un afán por figurar, podrían pensarse en que aspirar a recibir parte de la deuda política (el 0.19% del PIB del año trans anterior, artículo 96 de la Constitución Política) es otro aliciente.
Complica la situación el que exista un 43% de indecisos, cifra nunca vista antes tan cerca de la fecha electoral. Esa indecisión puede deberse a falta de confianza de muchos en los partidos tradicionales y el oficial, en quienes se presentan y por supuesto en la confusión que genera la proliferación de candidatos y partidos. La indecisión cuando se trata de elegir diputados, va de 60% en la provincia que menos indecisos tiene a 86% en la que más tiene. Un reto mayúsculo ser electo para ejercer como diputado en Costa Rica.
El sistema democrático costarricense, reconocido por sus bondades a nivel internacional es sólido. La elección que viene está “en el aire” y eso la hace sumamente interesante. Marcará la dirección hacia la que el país quiere avanzar. Elegir entre la ciencia económica o la economía vudú; entre la gobernabilidad o la consolidación de la fragmentación. Son decisiones ciudadanas fundamentales.