Este proceso electoral se ha caracterizado por una atomización de los partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) guatemalteco reporta 29 partidos políticos en contienda, pero contrario a lo que pudiera pensarse de que esto obedece a una democratización de la participación política, esto responde más a la creación de vehículos electorales, desconocidos para los votantes y sin una ideología definida, que una vez cumplen con su propósito son desechados.
El debilitamiento de la integridad y credibilidad del proceso electoral es otro elemento que ha caracterizado el proceso desde su inicio. Esto está relacionado con criterios diferenciados, discrecionales e inconsistentes observados en la aplicación de la normativa electoral que ha implicado la inscripción de algunas candidaturas, el rechazo de otras y la reversión de candidaturas ya inscritas. Además, como ha señalado la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) el Ministerio Público ha interferido sobre la autonomía del TSE, evidenciando sesgos en decisiones y la instrumentalización de la legislación guatemalteca como un recurso para ajuste de cuentas con candidaturas indeseables o peligrosas ante los intereses de grupos de poder que tienen incidencia sobre las instituciones electorales y el sistema judicial.
Además, el monitoreo de la MOE-Gt también ha evidenciado que el régimen de financiamiento electoral guatemalteco es vulnerable a la filtración de dinero ilícito y al uso partidista de recursos públicos en las campañas debido a diversos factores estructurales. Por ejemplo, en este proceso ha sido recurrente el uso de recursos públicos, la instrumentalización de inauguraciones de obras públicas, el uso de edificios públicos o la participación de empleados públicos en actos proselitistas. La falta de efectividad de los mecanismos de control, auditoría y sanción del TSE contribuye a la impunidad de las personas responsables de contravenir ocasional o sistemáticamente la legislación sobre financiamiento electoral y sobre el uso indebido de recursos públicos para gastos de campaña. Confirmando que el financiamiento de campañas electorales se ha convertido en un mecanismo ilegítimo para ganar cuotas de poder político.
En el contexto electoral guatemalteco también se ha observado la profundización del deterioro de la libertad de prensa y expresión. Los medios de comunicación son percibidos como una amenaza para las alianzas espurias entre actores estatales y privados que buscan controlar las instituciones, y blindar la corrupción e impunidad. Es así como la censura, persecución y criminalización de periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva herramienta para la censura.
Adicionalmente, al analizar la oferta electoral esta se encuentra más cerca de la demagogia que de propuestas concretas y viables que puedan incidir en el bienestar de la población. A menos de una semana de las elecciones, de los 22 partidos o coaliciones compitiendo por la presidencia, 18 han presentado sus planes de gobierno, pero solo 5 especifican metas concretas de lo que esperan lograr en su administración, solo 4 han dado a conocer las estimaciones de cuántos recursos necesitarán para cumplir con sus promesas e igual cantidad de partidos han identificado las fuentes de financiamiento que utilizarán para cubrir el costo de sus propuestas.
Todos estos factores minan la legitimidad del sistema político y la democracia guatemalteca, pero sobre todo, menoscaban las posibilidades de que el poder público sea utilizado efectivamente para responder a las necesidades y derechos de la población. Los resultados de la jornada electoral determinarán el tipo de respuestas de política pública que se dará a un país en el que el 60% de su población vive en condiciones de pobreza, en el que el 50% de los menores de 5 años padecen desnutrición crónica, en el que el 7 de cada 10 personas trabajan en condiciones de informalidad y en el que existen grandes rezagos en materia de salud, educación, seguridad y justicia y lucha contra la corrupción e impunidad.