Guatemala es un vecino con el que tenemos afinidad histórica y gran cercanía. La distancia entre nuestras capitales es de apenas 230 km, las más cercanas del continente, con cuatro pasos fronterizos y un fluido sistema de transporte. Sus 108,889 km2 de territorio alojan una pujante población multicultural de 17,9 millones de habitantes, principalmente Mayas, muchos de ellos plurilingües, pues cuentan con veintidós lenguas autóctonas. Es, sin duda, el mayor conglomerado social de Centroamérica y la economía de mayor volumen. Sin embargo, padecen también de una pésima distribución de la riqueza, provocando que el 61% de la población esté bajo una grave situación de pobreza.

El 25 de junio, Guatemala celebró en una sola jornada sus elecciones generales (presidencial, Congreso, Parlacen y municipalidades), las cuales se realizan cada cuatro años. Veintidós partidos políticos enfrentados a la mayor apatía de amplios sectores. Desde la reforma política de 1985, ningún partido se ha repetido, ni ganado la presidencia en primera vuelta. El proceso electoral ha estado plagado de fuertes irregularidades, desde la usurpación judicial de atribuciones propias de la función electoral, hasta acusaciones de control sobre el órgano judicial de parte del presidente Giammattei.

Se han conocido denuncias de bloqueo a la inscripción de tres candidaturas presidenciales con potencial en las encuestas: Thelma Cabrera, lideresa maya de izquierda, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), que alcanzó el cuarto lugar en la presidencial de 2019; el empresario Carlos Pineda, del partido Prosperidad Ciudadana, un populista con gran desempeño en redes sociales que hasta mayo encabezó las encuestas con 23.1%; y el presidenciable de derecha, Roberto Arzú, fichado en el partido Podemos, hijo del expresidente Álvaro Arzú.

La campaña expuso la grave situación económica y de pobreza, multiplicada por las secuelas de la pandemia; la crisis económica internacional, así como la falta de programas sociales que cuando existieron lograron atenuar dichas carencias; la violencia de pandillas, el crimen organizado y la narco actividad; el ascenso de la opacidad, corrupción y falta de mecanismos creíbles después de la disolución de la CICIG (Comisión Interamericana contra la Impunidad en Guatemala); las graves violaciones a los derechos humanos; la creciente migración; y finalmente, la represión y persecución política contra críticos, opositores, movimientos sociales, periodistas y medios independientes.

Las encuestas destacaban tres candidaturas, al final el voto las ordenó de manera diferente: Sandra Torres (UNE), ex Primera Dama del gobierno de Álvaro Colom 2008-2012 y postulada presidencial por tercera vez, obtuvo 881,592 votos (15.86%); Edmond Mulet (CABAL) centro derecha, de amplia trayectoria política y diplomática, alcanzó los 371,857 votos (6.69%); la derechista Zury Ríos (Valor Unionista), hija del dictador ex presidente Efraín Ríos Montt, acusado de graves violaciones a los Derechos Humanos, con 365,028 votos (6.56%).

Sin embargo, contra todo pronóstico, el voto catapultó a un segundo lugar a Bernardo Arévalo (Movimiento Semilla), quien nunca figuró en las encuestas. Él surgió en 2015 del fragor de las luchas sociales contra la impunidad. Fue legalizado en 2018 y ganó siete escaños de 160 en 2019. Arévalo es un sociólogo, antropólogo y doctor en filosofía, al frente de un novedoso movimiento urbano y progresista liderado por sectores medios, profesionales e intelectuales, que obtuvo 654,534 votos (11.77%); Mientras el oficialista Manuel Conde (Vamos) del presidente Giammattei, alcanzó 435,631 votos (7.83%) desplazado a un distante tercer lugar.

De un padrón de 9,361,068 registrados, participaron 5,543,923 electores (60.52%). Sin embargo, los punteros de la jornada fueron los votos en blanco 544,815 (9.82%), y nulos 827,755 (14.93%); que en conjunto sumaron el 24.75% una cifra superior al resultado de cada una de las veintidós candidaturas presidenciales.

Entre las lecciones del proceso guatemalteco destacan: el rechazo de la población al autoritarismo, la corrupción, opacidad y abusivo control sobre las instituciones del Estado por el Gobierno de turno; el rechazo al retorno de la derecha recalcitrante; y la búsqueda de alternativas progresistas surgidas en las luchas sociales.

La batalla de cara al balotaje del 20 de agosto no será fácil. En un intento por revertir el resultado electoral y sacar de la competencia al Movimiento Semilla, posicionado en un claro segundo lugar por voluntad popular, nueve partidos tradicionales presentaron un recurso ante la Corte Suprema para descalificar el escrutinio preliminar e imponer un sospechoso recuento de actas, lo cual fue aceptado por dicho ente, generando más incertidumbre y el rechazo de las principales misiones de observación nacionales e internaciones, como la de la Organización de Estados Americanos y la de la Unión Europea.

Será un gran reto ejecutar un programa de Gobierno cuando los dos partidos finalistas solo disponen de 27 y 24 escaños de 160, en un Congreso dominado por fuerzas conservadoras. El llamado es a apoyarse en la energía del pueblo.