El quinto mandamiento prohíbe el asesinato directo e intencionado. Es un pecado grave. Quien asesina y quienes cooperan voluntariamente “cometen un pecado que clama al cielo por venganza”. ¿Pero cómo conciliamos el quinto mandamiento con los deberes de un soldado? El cristianismo, en general, hace la distinción entre una muerte justificada y un asesinato. La muerte producida por un soldado durante un acto de guerra está justificada, de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Pero y si soy del bando agresor y/o perdedor ¿está cristianamente justificada cualquier muerte que yo ejecute al bando contrario? Dios prohíbe el asesinato, pero no matar en defensa propia. En cualquier guerra por injusta que parezca, como soldado estoy matando en defensa propia, independiente del bando al cual pertenezca. Asesinar, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por una recompensa. ¿Y cómo definiríamos las muertes causadas por terroristas?
En nuestro país, el Gobierno de turno ha clasificado a integrantes de las pandillas o maras como terroristas. Las muertes causadas por estos, claramente se definirían como asesinatos, por ende, como pecados graves según la iglesia católica. Con una población de más de 50 mil terroristas capturados y encarcelados (como afirma el Gobierno), bajo el régimen de excepción, se calcula que el costo mensual de manutención para la población actual de reos sería de $300 mil dólares diarios, $9 millones al mes, $108 millones de dólares anuales.
Esta cantidad de dinero equivale al sueldo anual de más de 11 mil maestros de primaria en El Salvador. Es decir, la cantidad promedio que la ciudadanía invierte en la manutención de estas personas, por año, equivale al costo de la educación de más de 385 mil niños y niñas, si tomamos en cuenta que el valor medio para El Salvador es de 35 estudiantes por maestro. ¿Los derechos humanos de quién? Es una pregunta válida que la ciudadanía se debe imponer.
“Duncan está en su tumba, duerme bien, nada puede hacerle ya mayor daño...”: Shakespeare, en Macbeth. O bien, podría decir: ya no puede hacer mayor daño desde su tumba. Cesare Beccaria, jurista y criminólogo italiano, sostenía que la cárcel es peor que la pena de muerte. Leyva Estupiñán y Arteaga, en su artículo sobre Beccaria y el derecho penal moderno, plantean que Beccaria criticaba la sanción de muerte y los tormentos infligidos a los acusados, y se perfila la prevención como fin de la pena, así como las bases de varios de los principios de las ciencias penales de la contemporaneidad. La iglesia católica, a través de una reformulación realizada por el papa Francisco sobre el punto número 2267 del catecismo de la iglesia católica, dice taxativamente: “La Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.
¿Castigo o venganza?
Un estudio publicado en España en el 2018, en el cual siguieron a 14 mil presos durante 12 años al salir de prisión, documentó que 7 de cada 10 no vuelven a reincidir tras salir de prisión. Al parecer, algunos sistemas penitenciarios son capaces de rehabilitar a un buen porcentaje de delincuentes y asesinos. ¿Pero será ese el caso de nuestro sistema penitenciario? ¿Está la ciudadanía de nuestro país dispuesta a invertir más de $100 millones de dólares anuales por un mínimo de 10 años? ¿Cuáles son los planes del actual Gobierno para con esta población acusada de asesinato y delinquir? Me pareció pertinente, en el día de los muertos, reflexionar sobre esta compleja situación.