Los acontecimientos de abril y mayo de 1944 y el endeble ‘gobierno provisional’ que fue derrocado el 21 de octubre de ese año —y donde el jefe de la Policía, y que lo había sido en tiempos de Hernández Martínez, Osmín Aguirre, pasó a ser nombrado presidente de la república—, desvelan las fragilidades insuperables para un agrupamiento de fuerzas progresistas que no pudo contar ni con un programa concreto ni con un respaldo de masas capaz de apuntalar una modificación moderada del estado de cosas, como sí ocurrió en Guatemala a partir de octubre de 1944.

Dicha fragilidad ilumina con bastante claridad por qué lo que sobrevino de marzo de 1945 hasta diciembre de 1948 no constituyó cambio alguno, en el sentido estructural. Es de suponer, además, que Aguirre en aquella circunstancia era ‘expresión’ de una voluntad mayoritaria en el Ejército, que desde mayo hasta esa fecha había venido buscando una manera de reaccionar frente a la caída de Hernández Martínez. De ahí que el 1 de marzo de 1945, al asumir la presidencia de la república, el militar Salvador Castaneda Castro —otro hombre de confianza que venía de los 13 años de gobierno de Hernández Martínez—, quedaba claro que dentro de la institución castrense se había configurado una nueva correlación de fuerzas.

Así las cosas, de abril de 1944 a diciembre de 1948, es un tramo donde el paisaje económico-social-ambiental no experimentó mutaciones relevantes. Del golpe de Estado del 14 de diciembre de 1948 (cuando es derrumbado Castaneda Castro) hasta el 26 de octubre de 1960 (que significó la caída del militar José María Lemus), puede afirmarse que es el otro momento, junto al lapso 1876-1885, en el que tienen lugar cambios en la base estructural de El Salvador que permiten decir que el paisaje económico-social-ambiental se vio alterado.

Con un retraso increíble, en relación con lo que sucedía, por ejemplo, en América del Sur, por fin se sentaron las bases del proceso de industrialización con la ley de creación de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lema (CEL) el 18 de septiembre de 1948 (aún sin haber sido desplazado Castaneda Castro), y de ahí en adelante el país vivió verificables mutaciones materiales como la industrialización por sustitución de importaciones que a su vez ‘empujaron’ a la expansión urbano-metropolitana de San Salvador, sobre todo, y a que la participación en el Producto Interno Bruto del sector industrial fuera, para la década de 1960, de cerca del 13%. Empero, el amarre agroexportador en ningún momento se vio alterado y más bien condicionó y limitó la perspectiva de industrialización asumida. Aunque la emergencia del cultivo del algodón y la ampliación de la producción cañera en esos años se incrementó, la égida cafetalera seguía presente en la orientación del proceso económico.

Una novedad habría que apuntar para este tramo 1948-1960, que muchas veces se pasa de largo, cuando se asume cierto enfoque economicista, y es que en el terreno educativo y cultural tuvo lugar una importante inversión pública y un cierto estimulo a las manifestaciones artísticas y culturales en general. Eso sí, esa ‘apertura’ cultural era contradictoria, porque en paralelo se realizaba un permanente proceso de represión política contra todas las instancias contestatarias. Será hasta el lapso 1979-1981 que se producirá el tercer capítulo de modificación del paisaje económico-social-ambiental. Y es de naturaleza bastante parecida, al menos en lo referido al tema tierra y las formas de propiedad, a lo ocurrido entre 1876-1885. Pero tiene más elementos.

La reforma agraria que se decretó a inicios de 1980 y que comprometió un aproximado de 225 000 manzanas en diferentes puntos del territorio nacional, significó una recomposición territorial de cierta importancia, sobre todo porque una parte de esas tierras se hallaban en proceso de producción y pasaron a manos de campesinos que fueron organizados de manera formal e improvisada en cooperativas de producción agropecuaria. La nacionalización bancaria y el comercio exterior complementaban este paquete reformista. Y hasta ahí el parecido con 1876-1885.

Ese empeño reformista estuvo cruzado por el más grande proceso de insubordinación social que ha tenido El Salvador que también comenzó a desplegarse durante 1980 y alcanzó el estatuto de guerra generalizada a partir de 1981. Todo este entramado vino a complicarse con dos elementos más, que en 1980 también se acentuaron: la terciarización de la economía y la migración masiva hacia los Estados Unidos.

La guerra terminó en 1992 gracias a los únicos acuerdos posibles. Ni falsos ni perfectos. Realistas para aquella correlación de fuerzas. Desde esa fecha hasta este momento no hubo nada sustantivo en cuanto a la modificación del paisaje económico-social-ambiental. Y no parece que lo habrá.