En base a esa sentencia, y con la evolución sociocultural de la nación, se fue asumiendo esa permisividad siempre que se practicara dentro de las primeras 15 semanas del tiempo transcurrido desde la concepción, y en algunos estados de la Federación, a la mera voluntad de la gestante.
La sentencia emitida con el voto en contra de tres de sus nueve integrantes, no fue al principio mismo de la legalidad o no del derecho de la mujer a abortar, sino la ilegalidad de la sentencia de 1973, la cual invalida y corrige al afirmar que “el aborto no es un derecho pautado en la Constitución”, y le otorga a cada estado de la Unión legislar sobre el tema o, en su defecto, al Congreso Nacional bajo el manto de ley federal de obligatorio cumplimento en la totalidad de los cincuenta estados que conforman la federación.
En mi opinión, esta sentencia de la actual Corte Suprema es impecable desde el punto de vista jurídico, por lo que no logro entender las reacciones que produjo; desde la del expresidente Trump quien afirmó que era obra de Dios, hasta las del presidente Biden, quien se indignó afirmando que se violaba el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y, por supuesto las de las activistas proaborto y provida que tomaron las calles.
Más allá de la interpretación de esta sentencia, el problema en sí no es jurídico. El aborto consentido es un tema moral, cultural o religioso que parte del momento en el cual se defina cuándo se produce vida en la gestación, que en definitiva es lo que lo convierte en un hecho jurídico. Hay quienes parten que es cuando se produce la fecundación, otros que es desde el momento en que el feto puede ser capar de sobrevivir por sí mismo. El tema es asunto científico y de posición filosófica, cultural, moral o religiosa, a la cual habría que darle juridicidad por ser un hecho social.
Estimo que a la mujer, bajo determinadas circunstancias, le asiste el derecho a decidir sobre si aborta o no; por ejemplo si la gestación pone en peligro su propia integridad, si fuere producto de una violación o por malformación del feto, y habría que considerarse otras circunstancias. En todo caso la religión no debe intervenir en decisiones jurídicas, siendo como ha sido la laicidad de los estados unas de los grandes avances de la humanidad. Lo contrario son regímenes teocráticos como Irán o el Califato Islámico, donde la ley la dicta el Corán y no un parlamento que representa la voluntad popular, como en las democracias representativas.
Quizá la reacción que se produjo en el seno de la sociedad estadounidense sea el temor fundamentado que se imponga en la nación la religión sobre la legalidad y los derechos individuales, en una nación donde su primera enmienda constitucional de las diez que definen los derechos de los ciudadanos (Bill of the Rights, 15 de diciembre 1791) señala: ”El Congreso no podrá sancionar leyes relativas al establecimiento de una religión, que prohíban el ejercicio de alguna de ellas, que coarten la libertad de expresión o de la prensa, ni de reunirse pacíficamente”.
Y en Estados Unidos hay antecedentes muy desagradables de segregación y moralismo religioso. Solo hasta 1967, por ejemplo, se permitió legalmente el matrimonio interracial, aún sobrevive con mucha intensidad el supremacismo blanco, se han dado expresiones peligrosas autocráticas, y en algunos estados las píldoras anticonceptivas solo se expiden bajo receta médica.