Llamada así, en honor al Ministro de Exteriores y Culto de Argentina Luis María Drago, quien en 1902 a raíz del bloqueo naval realizado por Gran Bretaña, Alemania e Italia contra Venezuela, por el cobro de deuda pública contraída con compañías ferroviarias y financistas. Eso fue en tiempos de Cipriano Castro (el Cabito, lo llamaban), el presidente que se negó a pagar la deuda contraída por gobiernos anteriores en ocasión de la construcción del Gran Ferrocarril de Venezuela.
El hecho es que el Canciller de Argentina para ese momento Luis María Drago, alegó que no estaba permitido a nación alguna el cobro compulsivo de deudas contraídas por cualquier país americano. Esto porque los Estados Unidos se abstuvo de apoyar a Venezuela en ese momento, alegando que la Doctrina Monroe, generada el 2 de diciembre 1823 por el presidente James Monroe, no se refería al cobro de deudas públicas contraídas con los europeos, sino a cualquier pretensión de colonización territorial por parte de Europa en el continente americano.
En su discurso ante el Congreso de la nación el presidente Monroe señaló que: 1) los países de América no estarán más, sometidos a procesos de colonización por parte de los europeos, 2) toda intervención europea en el continente será considerada como una amenaza para la paz y 3) en su lugar los Estados unidos no intervendrían en los asuntos internos europeos.
Lo cierto es que el presidente estadounidense para el momento del bloqueo, Theodore Roosevelt, se limitó a ofrecerse como mediador entre Venezuela y las potencias agresoras. Fue allí donde intervino el Canciller Drago para razonar su argumentación jurídica y política, logrando imponer su criterio, que dio como resultado la firma del Tratado de Washington (13 de febrero de 1903) entre las potencias agresoras y Venezuela, que estuvo representada por el encargado de negocios estadounidense en Caracas, Herbert Wolcott Bowen.
Aunque no puede llamarse propiamente una doctrina, los Acuerdos de Paz firmados entre el FMLN y el gobierno de El Salvador el 16 de enero de 1992, que pusieron fin a 12 años de una sangrienta y destructiva guerra interna, pudieran considerarse el antecedente a los Acuerdos de Paz firmados por el gobierno de Colombia, las Farc y el ELN el 26 de diciembre de 2016.
Estos fueron más bien una fórmula del cese de un conflicto mediante la llamada ”justicia transicional”, que pudiere convertirse en doctrina; por la actual escabrosa situación venezolana, que bien podría concluir en esa dudosa salida de convivencia nacional.
Y ahora, que aparece en nuestro continente lo que pudiere denominarse la “doctrina Proud Boys” o “doctrina Trump” surgida el pasado 6 de enero de 2021, cuando una multitud de fanáticos supremacistas asaltaron el Capitolio Nacional de los Estados Unidos, para desconocer el triunfo electoral del candidato presidencial Joe Biden, y darle continuidad a la presidencia del candidato perdedor.
Dos años después, el 8 de enero del 2023, se repite la misma acción contra el Palacio de Planalto, el Congreso y la sede del Poder Judicial de Brasil, por partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, quien había perdido la elección ante el candidato Luiz Inacio Da Silva (Lula da Silva).
Y recién en Perú, que observamos acciones similares por parte de una multitud inaprensible que se niega a reconocer la destitución del expresidente Pedro Castillo por parte del Congreso Nacional, al intentar Castillo un golpe de Estado contra el Poder Legislativo.
Extraño lo que sucede en el continente, y a nivel internacional con el caso Putin contra el Estado y la nación ucraniana. Es como si se impusiera sobre la ley y el orden, el imaginario popular latinoamericano que podríamos denominar como la “doctrina Juan Charrasqueado”, que si no gana, arrebata. Ojo con eso.