Basado en estimados de exceso de mortalidad reportados por los países, dicha escuela clasificó los países con datos confiables en cinco quintiles (de mejor a peor) en el manejo de la pandemia. El Salvador y Honduras fueron los únicos países de Centroamérica no incluidos en este análisis. “Si un país no aparece en esta lista es porque sus datos de estadísticas vitales son demasiado imprecisos para permitir una buena estimación del exceso de muertes”, refiere dicho documento. Hecho curioso, Costa Rica se clasifico en el grupo del primer quintil, o sea entre los países considerados con el mejor manejo de la pandemia. Recuerdo que en algún momento El Salvador ofreció asesoría técnica a este país, oferta deliciosamente declinada por sus autoridades sanitarias.
El pasado 3 de mayo del presente año, medios periodísticos informaron que el Minsal del gobierno de El Salvador decretó que la información relacionada con el plan de vacunación para combatir el COVID-19 y el registro de las cabinas destinadas para dicho fin seguiría fuera del alcance de la población salvadoreña, o sea decretaron este tipo de información con reserva, al menos, hasta abril de 2027.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define como una de las once funciones esenciales de la salud pública: la participación y movilización social, inclusión de actores estratégicos y transparencia. Es indudable que el Minsal, al limitar el acceso a la información sobre la pandemia y salud en general, impide la participación de actores estratégicos y comunitarios en la defensa del derecho fundamental a la salud del individuo y la población. El acceso o falta de a la información, especialmente en el campo de la salud, causa un incremento substancial al riesgo de enfermedad y muerte. Pero también existe otra causa relacionada con la falta o manipulación de la información en el sector salud, y del cual nunca o casi nunca hablamos, esta causa se llama corrupción. Un reporte publicado por Transparency Internacional (La Pandemia Ignorada) en marzo del 2019, define seis tipos de corrupción en el campo de la salud. La sexta forma de corrupción es la manipulación de datos. Especialmente cuando esta manipulación de datos persigue la obtención de beneficios personales, financieros o políticos.
Datos vitales demasiado imprecisos, reserva de información, pobre transparencia y débil rendición de cuentas. Estas variables, observadas y/o impresiones, del actuar del ministerio de salud suscitan una tendencia progresiva de esta institución al daño a la salud pública de la ciudadanía salvadoreña. La pregunta fundamental que nos tenemos que anteponer es: ¿cuál es la ganancia o beneficio que esta institución y sus líderes pretenden obtener con este tipo de acciones? Porque beneficios a la salud de la población evidentemente no se obtienen con este accionar. Algunos quisiéramos creer que en el fondo se encuentran la incompetencia e ignorancia, que es una variable que no se puede descartar, al menos por el momento. Pero es difícil considerar esta atribución cuando se observa toda una plataforma delicadamente diseñada para una ejecución sistemática de acciones que persiguen esta desinformación.
Hacia finales del 2019, cuando el COVID-19 apenas comenzaba su azote sobre el planeta, la revista médica The Lancet público un artículo que identificaba a la corrupción como “la mayor amenaza para el futuro de la salud en todo el mundo”. Es un problema delicado especialmente cuando afecta a los sistemas, tanto públicos como privados, responsables de promocionar y mantener la salud de los ciudadanos. Los problemas no se resuelven ignorándolos, sino señalándolos. Es bonito y esperanzador pensar que nos dirigimos a obtener servicios médicos de primer mundo. La esperanza es lo último que se pierde, nos dice el adagio popular, pero esta debe fundamentarse en una planificación y accionar acorde. Al momento, yo al menos, estoy perdiendo la esperanza.