La represión como estilo y método de gobierno se mostraron desde los inicios con el asalto militar de Bukele al poder legislativo, los abusos e imposición de obligados confinamientos durante la pandemia, la toma del control de Bukele sobre la Asamblea y con ello la destitución del Fiscal General de la República para imponer uno afín, así como la sustitución ilegal de los magistrados de la Sala de lo Constitucional; el despido de jueces del sistema judicial, discriminados únicamente por cumplir sesenta años de edad y la imposición inmediata de jueces dóciles. En todo este periodo de gobierno dictatorial el abuso, la amenaza e intimidación se han convertido en la regla y el uso de la fuerza militar, policial y mediática en los principales factores de coerción y represión de la maquinaria de guerra dominada por Bukele.
Durante este prolongado periodo de imposición del Régimen de Excepción la violencia se transformó, transcurriendo desde la criminalidad de las pandillas hasta la generada por agentes del Estado que ejecutan brutales violaciones a los Derechos Humanos bajo el pretexto de proveer seguridad a la población. Muchas familias que antes temían ser víctimas de criminales pandilleros hoy son víctimas de los brutales métodos de persecución y captura en las comunidades económica y socialmente más deprimidas. Miles de jóvenes inocentes están tras las rejas bajo condiciones infrahumanas por el solo delito de ser y parecer pobres y para satisfacer la incontrolable sed de represión, poder y control del régimen autoritario de Bukele.
El fatídico resultado del Régimen de Excepción tras el primer año de ejecución suma más de 66,500 privados de libertad, que se agregan a más de 39,000 detenidos que ya existían en el sistema penitenciario antes de esta persecución indiscriminada. Bukele ha convertido al país en la cárcel con el mayor número de privados de libertad en el mundo, 1200 por 100,000 habitantes; duplicando a EEUU que tiene 670 por cada 100,000 habitantes. La construcción de este campo de concentración (prisión), el más grande de América, es motivo de fatuo orgullo, mientras fenece la infraestructura de salud y educación principalmente en las zonas más pobres.
El Régimen es la punta de lanza de un conjunto de medidas represivas para el control poblacional que busca poner a raya en sus reivindicaciones y luchas a los diferentes sectores que pueden expresar descontento. La gente incluso cree en la posibilidad de ser espiada en celulares y redes sociales, lo que solo ocurre en regímenes represivos; y es que tienen razón de creer que cualquier cosa es posible cuando conocen que han sido encarcelados destacados lideres comuneros de Santa Marta en Cabañas representante de la lucha contra la minería y por el agua, sindicalistas o personas que reivindican derechos laborales.
A partir del descontento ante el brutal recorte del FODES y las condiciones de abandono debido al recorte presupuestario, el gobierno sabe que hay una inminente pérdida del poder en muchas alcaldías y diputaciones, por esta razón es posible inferir la persecución bajo cualquier pretexto en contra de exalcaldes que puedan competir en las próximas elecciones o líderes de la sociedad civil, criminalización de medios y periodistas que difundan noticias que provean de información a la ciudadanía sobre abusos y casos de corrupción, rompiendo con ello el cerco desinformativo del Ejecutivo. No es casual que lancen al Ministerio de Hacienda con su batería de auditorías en persecución de ONG y de cualquier empresario insumiso, o al Ministerio de Trabajo con sus inspecciones o al mismo Ministerio de Gobernación. El Régimen de Excepción y el conjunto de medidas represivas y coercitivas son el arma cargada y amenazante con que la dictadura de Bukele impone el control poblacional con el fin de subyugar al creciente número de descontentos, todas las dictaduras a lo largo de nuestra historia patria han caído y esta no será la excepción.