El ejercicio de la violencia en cualquiera de sus formas y escenarios parece imponerse en la actualidad, desplazando al debate racional para construir consensos, al recurso de la diplomacia y el cumplimiento de los convenios internacionales, al respeto por la soberanía y elementales normas democráticas y Derechos Humanos.

Esta tendencia está llevando a un mayor tensionamiento internacional y al deterioro de la gobernabilidad; es más grave en los países que sufren la violencia del crimen organizado y en aquellos que utilizan la violencia del Estado como recurso político para reprimir las legítimas luchas por las reivindicaciones sociales, sin olvidar a la más reciente y creciente forma de violencia a través de la polarización y el odio que destilan las redes sociales.

El primero de septiembre el continente se estremeció al conocer el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, Vicepresidenta de Argentina y jefa de la coalición gobernante, quien también fue presidenta de esa nación entre 2007 y 2015. Queda mucha tela que cortar para la justicia hasta determinar las motivaciones del incriminado en semejante acto, Fernando Sabay Montiel, presunto simpatizante de grupos neonazis y con posturas mediáticas abiertamente conservadoras sobre la política argentina.

Estos hechos ocurren en el contexto de una endémica crisis política, económica y social de larga data que padece aquel país, doblemente complicada por el ascenso de la crisis mundial generada por la pandemia de Covid19 y los expansivos efectos de la invasión rusa en Ucrania que ha disparado la crisis energética, de producción y comercio a nivel global. A esto se suman inocultables dificultades por el exacerbado clima de polarización política que aleja la posibilidad de entendimientos y consensos para sortear semejantes retos y, más bien, alienta desatinos como el de este ataque. Argentina está empantanada en la sostenibilidad del laberinto de crecientes programas asistenciales que, más allá de la sobrevivencia, no logran sacar al país de la crisis.

Determinar si el atacante es un “lobo solitario”, o si forma parte de una conspiración organizada, es tarea inaplazable de la justicia. En todo caso, es necesario pasar revista y señalar que el clima de polarización política que vive Argentina es similar al de muchos de nuestros países, donde la confrontación está siendo exacerbada artificialmente por poderosas maquinarias de comunicación (troles) que crean sicarios mediáticos especializados en destruir ideas e imágenes, manipulando el debate hasta convertir las redes en “antisociales” que desinforman, descalifican y confunden; fomentando un clima de odio que divide a nuestras sociedades, alejando concesos y azuzando demonios como el de este atacante.

De este mismo escenario de polarización, confrontación y violencia no escapa EEUU, país cuyas administraciones han sido señaladas por ocupaciones, apadrinar golpes de estados, acciones desestabilizadoras y bloqueos, y hoy padece el recrudecimiento de tiradores esporádicos que han llenado de luto a centros educativos y comunidades raciales. Este mismo clima de violencia ya lo vimos durante la administración Trump, culminando en aquel momento con el ataque y ocupación del edificio del Congreso de los EEUU, ejecutado por organizaciones ultra derechistas y supremacistas instigadas por el mismo Trump, de acuerdo a las investigaciones en curso.

El Salvador no escapa a la tendencia de esta espiral de violencia, esta vez desatada por la represión indiscriminada de agentes del Estado comandados por el Ejecutivo. Bajo el pretexto de combatir la criminalidad han desatado una vasta operación mediática con fines electorales para forzar la reelección presidencial inmediata, denominada “Guerra Contra Pandillas”, imponiendo un Régimen de Excepción, que ya ronda el sexto mes, y la ejecución de más de cincuenta y un mil detenciones, en su mayoría arbitrarias. Se registra la muerte de más de setenta y cinco reos en poder del sistema penitenciario hasta el mes de agosto.

La violencia ejercida por el estado salvadoreño está acompañada de una descomunal guerra mediática para aniquilar cualquier voz crítica o disidente, hasta desfigurar la convivencia social en una crisis humanitaria de grandes proporciones, que convierte al país en cárcel con el mayor porcentual de prisioneros en el mundo. Esta crisis ha sido dolosamente implantada en el contexto de la mayor debacle económica y social de la post guerra, el elemento estructural al que realmente no se le da solución y que trae como irremediables consecuencias la pobreza, la falta de educación de calidad, la exclusión y la migración. La paz es urgente.