A esta nueva corriente del “Esoterismo Constitucional” se atribuye también el haber descubierto la alquimia mágica para retroceder saltando en el tiempo; de esta manera pueden alterar el concepto de “inmediato anterior”, ampliamente reconocido por la Real Academia Española. Es así como en la cultura gubernamental, el domingo antecede al martes, desapareciendo el lunes; el número cuatro antecede al seis y desaparece el cinco; y “el periodo inmediato anterior”, al que se refiere el Art. 152 ordinal 1 de la Constitución, ya no es la presidencia de Bukele, sino que saltan en el tiempo llegando hasta el expresidente Sánchez Cerén, saltándose el actual quinquenio, para imponer de manera fraudulenta el intento de reelección presidencial de Bukele. Ya no saben qué inventar.
Por si fuera poco, este ocultismo fue más allá, ha llegado a convertirse en una práctica organizada a todo nivel del gobierno. El concepto -que parte de su acepción latina “occultus” referida a algo clandestino, escondido, secreto- proveniente de la raíz “occulere” (ocultar), este es precisamente el arte de la “aeromancia” desplegada en todas las instancias gubernamentales para ocultar todos los datos obligatorios contemplados en la Ley de Acceso a la información Pública y que corresponden al interés ciudadano en aras de la transparencia, es decir, toda la información referida a las adquisiciones, contrataciones -incluyendo la pauta publicitaria-, información contable, implementación de políticas públicas.
Este secretismo gubernamental como práctica para ocultar innumerables hechos de corrupción es violatorio del criterio constitucional recogido en el Art. 234 que establece que “Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hallan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley”.
El hermetismo del Ejecutivo para ocultar el uso y administración de los recursos del Estado, además de violentar la Constitución, la Ley de Acceso a la Información Pública, también violenta la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la misma Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción de las que El Salvador es parte. Este conjunto de instrumentos fue diseñado para garantizar que el uso de los fondos públicos esté sometido al principio de transparencia, plenas garantías del derecho de acceso a la información, seguridades para cumplir con el derecho de participación ciudadana y el principio de la rendición de cuentas.
El análisis sobre la demonología gubernamental abarca también el deterioro constitucional político y democrático, y contempla el profundo deterioro de los Derechos Humanos que está llevando inexorablemente a una profunda crisis humanitaria. Además, debe registrar el profundo retroceso económico y social al que se encamina el país en el último trimestre del año, reflejando el profundo deterioro de las condiciones de vida de la familia salvadoreña debido al bajo crecimiento, el aumento de la canasta básica de alimentos, y la crisis de las finanzas públicas. Mientras, el espejismo lumínico es sustentado con los impuestos de los salvadoreños pero que en la concreta no tienes más alimentos en su mesa. Como si fuera poco, el Huracán Julia nos muestra, una vez más la vulnerabilidad no atendida y la incapacidad para prevenir un fenómeno anunciado desde el 28 de septiembre por el Ingeniero Moisés Urbina y para el que tomaron como única medida orar. No basta rezar, señores, desfinanciar alcaldias, desactivar las Comisiones Comunales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres ya costó vidas y desafortunadamente ninguna política paranormal del gobierno ofrecerá soluciones.