Hace un par de días, fui sorprendido por declaraciones de una funcionaria de la diplomacia de nuestro país: “Hace menos de 30 meses teníamos el peor sistema de salud de América Latina, estábamos al nivel de Haití. Ahora, tenemos el sistema más eficiente del continente”. Estas fueron palabras vertidas por la embajadora de El Salvador en los Estados Unidos durante un mensaje dirigido a la diáspora salvadoreña, en la conmemoración de su día en ese país. Aunque sus palabras persiguen, asumo, estimular el regreso de nuestros compatriotas, asegurándoles que se está construyendo uno de los sistemas de salud más sólidos en el continente americano, ¿cuál es la evidencia conocida y publicada sobre este tema?

En el ámbito técnico y científico de las ciencias de la salud pública y la medicina, una aseveración tan contundente, como la expresada por la señora embajadora, tendría que estar sustanciada en reportes de evaluaciones técnicas del sistema que incluyeran al mínimo: infraestructura sanitaria; competencias de los profesionales de la salud (médicos, personal de enfermería y otros trabajadores de la salud); coste (USD p.a. per cápita); disponibilidad de medicamentos de calidad y la preparación del gobierno.

El Ministerio de Salud (Minsal) cubre formalmente a 80 % de los habitantes del país. Sin embargo, la realidad es que solo ofrece servicios de manera regular a 40 % de la población total. El Plan Operativo 2022 del Minsal (diciembre 2021) reporta aun una cifra de cobertura menor, correspondiente al 33 % de la población. El Minsal incluso reporta una tendencia al ascenso de la mortalidad materna con respecto al 2019, lo cual en salud pública se considera un indicador bastante sensible de la situación sanitaria en un país.

Para alcanzar el 80 sobre 100 personas en el índice de cobertura efectiva de la Cobertura Universal en Salud, la Organización Mundial de la Salud calcula que, por cada 10,000 habitantes, se necesitarían al menos 20.7 médicos y 70.6 enfermeras. El Salvador actualmente reporta 15.7 médicos por cada 10 mil habitantes y 23.3 enfermeras. Esto representa un déficit del 25 % y 66 %, respectivamente.

El Salvador, aunque últimamente muestra
una tendencia positiva con respecto al gasto público, con una diferencia positiva de 5.5 % en el 2020 con respecto al 2019, continúa entre los países con un gasto público bajo, en el puesto 103 de 192 países del ranking de gasto público respecto al PIB, ordenado de menos a más gasto. El Salvador, según los últimos datos publicados, dedicó a educación un 13.09 % de su gasto público; a sanidad, un 19.24 %; y a defensa, un 4.47 %.

Se calcula que en la red de establecimientos de salud se despachan únicamente 50 % de las recetas médicas. Es decir, existe un déficit profundo para la población salvadoreña usuaria del sistema público lo cual se traduce en un gasto de bolsillo para la adquisición de medicamentos, clasificado como catastrófico.

La política presupuestaria 2022 del Ministerio de Hacienda fija como prioridades nacionales: 1) La implementación de la Política Nacional de apoyo al Desarrollo Infantil 2020–2030 “Crecer Juntos” (educación, salud, nutrición, aprendizaje y protección de niños y niñas de cero a siete años); y 2) El control y prevención de la pandemia por covid-19, la ampliación y mejora de la cobertura de los programas de salud, mediante el fortalecimiento del sistema nacional integrado de salud.

Durante el periodo liderado por la doctora María Isabel Rodríguez, la reforma sanitaria del país se concentró en fortalecer el nivel más periférico del sistema de salud, con un fuerte componente comunitario. Actualmente, la evidencia observable parece indicar que la concentración de esfuerzos del Minsal está orientada hacia el tercer nivel, es decir, los hospitales. Esto significa una clara tendencia hacia la centralización en la distribución de servicios.

Concluyendo, la aseveración de la embajadora del país en los Estados Unidos está basada en un desconocimiento total de la situación nacional de salud de nuestro país. Ojalá y esa fuera la situación. Es cierto que existe una tendencia positiva en el financiamiento del sistema, pero esto no se traducirá en una mejoría si la mayoría de ese dinero se invierte en la construcción de edificios, sin suficiente personal de salud.