A lo largo del tiempo nuestros migrantes libran una desigual doble batalla. En primer lugar, se esfuerzan por conquistar, insertarse y aportar de manera tenaz y competitiva en los espacios de sobrevivencia económica, social y cultural en aquellos lugares donde el destino generosamente los cobijó para aportar sacrificadamente al sostenimiento de la familia distante; persistiendo además en la búsqueda de la estabilidad migratoria a través de las organizaciones comprometidas con esta noble causa. Este magno esfuerzo es complementado con la incursión de muchos migrados en espacios de participación política para incidir y acoplarse en cada latitud, conservando algunos el sueño de volver un día mostrando el fruto del sacrificio. En segundo lugar, estos migrantes han debido luchar por aferrarse a su origen, conservar su arraigo e identidad y sobreponerse a la distancia y al ajetreo de los rigores de la sobrevivencia. Para esto han persistido a través de sus organizaciones ante el Estado salvadoreño que un día los expulsó, exigiéndole que asuma su responsabilidad y les reconozca sus legítimos derechos constitucionales como el sufragio, les asista para alcanzar la estabilidad migratoria, así como respete el arraigo cultural al terruño donde subsisten sus raíces, retazos de su familia y comunidad.
En este contexto, después de más de tres años de este gobierno, es una burla la reciente y tardía aprobación de la ley para el ejercicio del voto de los salvadoreños en el exterior. Llueven las críticas y denuncias sobre este adefesio leguleyo que amenaza un presunto fraude electoral, bajo un inminente riesgo de que se manipule y juegue con el derecho constitucional de nuestros migrantes para votar de manera ágil, segura y transparente; abriendo la puerta a votos dobles ante el sufragio sin padrón, con múltiples documentos vencidos y sin la debida vigilancia de los contendientes y auditoría integral sobre el proceso electoral.
La incapacidad del Registro Nacional de Personas Naturales de cumplir con su propia meta de extender el Documento Único de Identidad a un millón y medio de salvadoreños en el exterior, cuando, según datos de julio de este año, en tres años apenas extendieron 150,000 documentos para completar un total de 733,540 DUI con registro en el exterior. De ese total, 134,821 DUI ya estaban vencidos a esa fecha y no hay una campaña para su renovación. Ante semejante ineficiencia, teniendo en cuenta además el voluminoso incremento presupuestario, habilitaron votar con documentos vencidos (DUI y Pasaporte), sin determinar el límite de antigüedad de dichos pasaportes, de los cuales circulan en el exterior un número impreciso de cientos de miles.
A esto suma la extraña y riesgosa decisión de no conformar un padrón electoral con quienes, residiendo en el exterior, no cuentan con un documento que refleje una dirección externa. El padrón bien se puede construir a partir de solicitudes en línea o incluso por vía telefónica o presencial, mediante el cual los salvadoreños residentes en el exterior expresen su voluntad de participar, solo así es posible que el Tribunal Supremo Electoral pueda establecer la magnitud de quienes tengan intención de votar, con la finalidad de administrar y distribuir los recursos logísticos necesarios de acuerdo a la demanda de electores en cualquier país donde existan salvadoreños residentes o en tránsito.
Por otro lado, es fraudulenta la adjudicación, al departamento de San Salvador, que hace la ley de todos los votos de quienes sufraguen para diputados a través de internet o de manera presencial con pasaporte. Esa perversión esconde el interés de arrebatar el mayor número de escaños en la circunscripción más numerosa del país, cuando perfectamente se podían asignar al departamento de nacimiento del elector o al de su madre o padre, si no nacieron en el país. Este elemento es crucial porque vulnera el principio de respeto de la voluntad del electorado de San Salvador y eso implica un fraude electoral.