Faltará mucha tinta y papel, espacio en el disco duro y muchas horas de evaluación, para recoger y sistematizar las evidencias, testimonios, informes, conclusiones y recomendaciones sobre las fallas que llevaron al traste con la elección presidencial y legislativa del 4 de febrero, hasta develar un fraude estructural que inició con la inconstitucionalidad y concluye con la auto proclamación. Faltan medidas profilácticas que aseguren la realización de la elección del Parlacen y concejos el 3 de marzo. Este descalabro es un grave retroceso a los avances institucionales, democráticos y de organización electoral alcanzados por los Acuerdos de Paz.

El informe técnico preliminar presentado por la Junta de Vigilancia Electoral, instancia fiscalizadora de los planes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), así como los informes de las misiones de observación nacional e internacional; la creciente avalancha de denuncias públicas de quienes participaron en la jornada electoral; las incidencias que a cuenta gotas deslizan los Magistrados del TSE; los reportajes e investigaciones de medios de comunicación; y el aguzado análisis de especialistas y organizaciones de la sociedad civil, dan cuenta sobre las graves fallas ocurridas y que la maquinaria de comunicación gubernamental, diestros en el manejo de cortinas, no han podido desvirtuar.

Entre los hallazgos destacan: deficiente perfil y capacitación del personal contratado para asistir a las Juntas Receptoras de Votos (JRV); fallas de procedimientos; fallas en la ejecución de planes de contingencia informática en el acompañamiento técnico a las JRV; inoperancia del escalón superior de respaldo, el Centro De Atención Telefónica, que debió estar compuesto por técnicos de mayor nivel para asistir en la solución de fallas técnicas. Queda claro que fueron insuficientes los simulacros para garantizar la asistencia remota a los técnicos de campo en las JRV, faltaron orientaciones prácticas para la solución de incidencias. Por tanto, deben investigarse y deducirse responsabilidades sobre las fallas presentadas por la plataforma informática, propia del TSE, para la transmisión de actas.

Si bien el TSE se esforzó capacitando a los integrantes de las JRV, debe investigarse sobre abundantes denuncias de ilegales e inexplicables sustituciones de integrantes de JRV que pasaron el proceso de selección, fueron debidamente capacitados y acreditados, pero que el propio día de la elección les impidieron de ingresar y asumir sus funciones en los centros de votación. Delegados del TSE ignoraron los reclamos, la PNC los remitió a los Fiscales Electorales, y estos evadieron argumentando que los problemas los deben resolver los partidos políticos. Esta basta operación es atribuida a la maquinaria partidaria de Nuevas Ideas, que tomó el control de muchos centros de votación; pudo imponer partidarios incapacitados como integrantes de JRV, con las consecuencias del caso. Esto podría comprobarse cruzando la base de datos del personal seleccionado por el TSE y de quienes aparecen firmando las actas de apertura y cierre de la elección.

Las múltiples fallas llevaron al fracaso el sistema de transmisión de resultado y a una avalancha de dudas sobre El TSE. Estas son el resultado de un “fraude estructural” que inició mucho antes, con el asalto a la Asamblea Legislativa el 9F, siguió con la deposición e imposición de una Sala de lo Constitucional espuria y de un nuevo Fiscal General; la cooptación del resto de poderes del Estado e instancias contraloras; la resolución de La Sala habilitando la reelección presidencial inconstitucional; imposición de reformas electorales sin consenso y fuera de tiempo para dar ventaja al oficialismo; traslado del Registro Nacional de Personas Naturales de la esfera del TSE al Ministerio de Seguridad; un proceso electoral en el contexto de represión y persecución política, bajo un severo régimen de excepción; restricciones al financiamiento de campaña a los partidos opositores; el uso de recursos del Estado con fines electorales por Bukele y su partido; el diseño de un sistema de voto del exterior en total beneficio oficialista. La oposición aceptó participar en la elección conociendo de la falta de garantías democracias y de estándares internacionales.

La descohesión, pérdida de liderazgo, miedo, acomodamiento, y en algunos casos complicidad del Organismo Colegiado del TSE, facilitaron el control, imposición de su agenda política y manipulación de la función electoral desde el gobierno. El TSE dejo de ser la máxima instancia en materia electoral, pues la contienda no tuvo árbitro. Se perdió la función jurisdiccional oportuna, pero sobre todo, proyectaron la deformidad de un acéfalo que no ve, no oye y no habla; y hoy el mismo Ejecutivo les pasará la factura.