Nuevas Ideas, el partido de gobierno, ya arrancó ilegalmente su campaña electoral promoviendo la inconstitucional reelección de Bukele. Sendas misiones de diputados oficialistas adelantaron su campaña en visitas recientes a ciudades donde radican conglomerados de salvadoreños en el exterior. También, han manipulado la asistencia humanitaria aprovechándose de las necesidades de la población en incidentes de emergencia ambiental, distribuyendo paquetes de ayuda con el nombre y fotografía de legisladores e instituciones gubernamentales como la DOM (Dirección de Obras Municipales) y utilizan impunemente el color partidario en uniformes, vehículos, maquinaria, señalización vial y postes de alumbrado público.
Sobre los viajes al exterior, hay muchísima evidencia noticiosa y gráfica en sus redes sociales, no es claro en qué calidad viajan estos diputados oficialistas, lo cierto es que sí se prevalen de su cargo. Si la misión es partidaria, ¿quién paga?, ¿de dónde salen los onerosos recursos para tan numerosas delegaciones?, ¿cuentan con permiso legislativo sin goce de sueldo para los viajes? En todo caso hay abundante evidencia de que estamos ante una flagrante campaña electoral adelantada.
Ante semejantes vulneraciones es obligado enfocar una severa y escrutadora mirada a la máxima instancia en materia electoral. El TSE apenas con cabizbaja atención, temblorosa dificultad y a sottovoce ha publicado un tímido llamado de respeto a la ley electoral sobre la prohibición de propaganda adelantada que debe ceñirse a fechas determinadas. Sin embargo, la avasalladora velocidad de la campaña adelantada de Bukele y Nuevas Ideas despeinó, se llevó de encuentro, sobrepasó vertiginosamente al colegiado del TSE, llevándose por los aires su candoroso comunicado.
¿Se atreverá el TSE a sancionar a Bukele y su partido? La excesiva timidez, sometimiento, baja autoestima, descohesión y poca autoridad del TSE como máxima instancia en materia electoral ante el poder ejecutivo, ha dejado importantes acápites del proceso electoral bajo rectoría del gobierno, llegando al extremo de realizar significativas reformas electorales, reuniones de planificación y ejecución del voto en el exterior sin tomar en cuenta al TSE. El Gobierno les ha dificultado el acceso a la base de datos de la emisión de los distintos tipos de pasaportes vigentes y vencidos con los que se realizará el sufragio desde el exterior. Antojadizamente y sin consultar con el TSE el gobierno y su bancada ampliaron los plazos para ejecutar cambios de direcciones e inscripciones al Registro Electoral, que dificultan los procesos de vigilancia y auditoría sobre la integridad de Registro.
A 11 meses de iniciar la votación anticipada por internet, el gobierno de Bukele sigue sin aprobar y definir de dónde sacará los 160 millones de dólares que costarán las elecciones de 2024 ($89.04 millones de la elección en el territorio nacional y $70.6 millones del voto en el exterior), esta falta de financiamiento impide la actualización de la cartografía para seguir ampliando el voto residencial; la realización de campañas de comunicación para que los electores actualicen sus direcciones en el país y en el exterior y los jóvenes en edad se inscriban en el registro electoral. Por estas y muchas irregularidades hacen falta misiones de acompañamiento electoral de largo aliento, así como toda una batería de auditorías calificadas que aporten certeza y confianza sobre la integridad del proceso electoral.
El TSE está obligado a cumplir con su mandato constitucional. En poco más de un año terminan su periodo y debieran pensar en que los cargos no son eternos y su rol, ahora, sea quizás su legado profesional más importante.