Un objetivo destacado en ese impreso expresaba: “El Salvador será una economía con mayores niveles de generación de empleo, mayores niveles de competitividad internacional, con tasas de crecimiento de al menos 3.5%, con déficit fiscal controlado y una deuda pública tendiente a reducirse como proporción del PIB, con una estructura tributaria progresiva que responda a las necesidades sociales”. Sin embargo, tres años después la realidad es otra: más de diez mil despidos de trabajadores públicos y otros tantos del sector privado dispararon el desempleo del 6.3% en el 2019 al 9.5% en el 2021, esta tendencia crece por la reciente pérdida de más de 11,600 empleos del sector privado solo entre enero y febrero de 2022. Siendo la tasa más alta de desempleo en Centroamérica, según datos de OIT recogidos por Forbes.
A tres años de gobierno, los desatinos políticos, la deriva autoritaria y la incapacidad de gestión de Bukele han debilitado la incipiente institucionalidad democrática, colocando al país en una grave situación de vulnerabilidad ante los impactos globales. El crecimiento económico de El Salvador en el 2022 se reducirá al 3% del PIB, con tendencia a la baja de acuerdo a datos del FMI, colocándose por debajo de las perspectivas económicas de Panamá, República Dominicana, Guatemala, Honduras y Costa Rica. El grado de dinamismo económico tiende a ser superior de acuerdo a la estabilidad política, el consenso nacional y la solidez institucional para enfrentar tanto las prolongadas secuelas de la pandemia, como la embestida de una nueva crisis mundial por el conflicto diplomático y militar en Ucrania; que está disparando los costos de producción con desmesuradas alzas en la energía, combustibles, insumos agropecuarios, materiales de construcción y transporte.
Además, ha encendido alarmas de los organismos financieros internacionales la amenaza de alud de una creciente e inmanejable deuda externa, que solo en los tres años de la administración Bukele se disparó en un 24%; pasando de 19,800 millones en 2019 a 24,600 millones de dólares a febrero de 2022, debido al desmesurado derroche presupuestario en gastos militares, desmedida propaganda gubernamental y el fracaso con millonarias pérdidas del Bitcoin, elevándose la deuda al escandaloso 87% del PIB y arrastrando en la avalancha la credibilidad crediticia del país, medida por todas las calificadoras de riesgo en niveles nunca vistos. Esta condición es más grave por la incapacidad gubernamental de presentar una iniciativa de reforma tributaria progresiva en la que paguen más los que tienen más, tal como Bukele lo ofertó durante su campaña.
En los tres años de gestión también se profundizaron los niveles de pobreza al 40% debido al estancamiento económico, la inflación al 6.5% y la falta de generación de empleo, así como la quiebra de varios sectores -como los más de dieciocho mil ganaderos solo en 2021-, el cierre de quince programas sociales y recortes presupuestarios a otros cinco que mejoraban la calidad de vida de la población más vulnerable, entre ellos Ciudad Mujer, Programa de Agricultura Familiar y Escuelas Saludables. A esto suma el negativo impacto al quitar el presupuesto del FODES para el desarrollo de obras municipales, en contrasentido a la tendencia mundial de favorecer la descentralización, fortaleciendo las competencias y recursos de los gobiernos municipales. En el panfleto de campaña de Bukele las palabras más utilizadas fueron transparencia, acceso a la información pública, anticorrupción, probidad, control y participación ciudadana; conceptos totalmente ausentes ante el cierre de los espacios de control institucional y ciudadano, nacionales e internacionales, como la Comisión Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIES) a la que le agarró miedo Bukele. El país camina al despeñadero de una profunda crisis humanitaria producto de la proliferación de la violencia desde el Estado, el estancamiento económico, la crisis alimentaria y mayor pobreza ¿Hará algo, finalmente, Bukele?