Lo del robo de ese par de tapaderas llama la atención porque ocurrió casi frente a la delegación policial y a pocos metros del ex Cuartel, pero en realidad el hurto de tapaderas ocurre en todo el país, principalmente en las grandes ciudades y más aún en San Salvador. Lo extraño es que esta práctica tiene años de venirse ejecutando y hasta ahora son pocos los casos donde los delincuentes han sido capturados y procesados. Según mi criterio, debería ser fácil desbaratar a estos hurtadores, pues si se realizan allanamientos autorizados en fundidoras o chatarreras será posible dar con quienes las compran (receptadores) y por ende con quienes se las venden.
La semana pasada, más por un golpe de suerte que por una exhaustiva o mediana investigación, la PNC detuvo a David Salvador Fernández Castaneda, de 21 años de edad, en la colonia La Campanera de Soyapango. Ciudadanos denunciaron ante la Policía que en el pasaje 30 había un joven que tenía consigo tapaderas de ANDA las cuales había hurtado. En efecto a Fernández le decomisaron ocho tapaderas y la Fiscalía lo acusó en el juzgado Tercero de Paz de Soyapango que tras la audiencia inicial encontró suficientes indicios de la comisión del delito y le decretó instrucción formal con detención provisional.
El artículo 207 del Código Penal salvadoreño reza literalmente: “El que con ánimo de lucro para sí o para un tercero se apoderare de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, sustrayéndola de quien la tuviere en su poder, será sancionado con prisión de dos a cinco años, si el valor de la cosa hurtada fuere mayor de 200 dólares”. La sanción es de cinco a ocho años cuando se trata de hurto agravado; es decir cuando se hace uso de la violencia o cuando lo hurtado es parte de un servicio público, tal es el caso de las tapaderas de ANDA, por ejemplo. Si tras un eventual juicio Fernández fuera encontrado culpablepodría ser condenado hasta ocho años de cárcel. Asimismo creo que la PNC falló en el procedimiento, pues hubiera utilizado estrategias válidas para dar con los receptadores. Era lógico que Fernández iba a vender esas tapaderas y se le pudo seguir para conocer el sitio donde haría tal transacción ilegal. En otras palabras pudieron haber detenido al hurtador y al o los receptadores.
A propósito el Artículo 214-A dice literalmente: “El que sin cerciorarse previamente de su procedencia legitima, adquiera, reciba u oculte dinero o cosas que sean producto de cualquier delito o falta en el que no haya tenido participación, será sancionado con prisión de tres a seis años. Se debe presumir por el sujeto activo que las cosas son de ilícita procedencia cuando hubiere notoria desproporción entre el precio de la adquisición y su valor real; cuando las mismas son exhibidas, entregadas o vendidas de manera clandestina; o cuando hubiere cualquier elementos de juicio suficientes para suponer que conocía su ilícitas procedencia”. Al respecto ningún particular es dueño de tapaderas de agua potable o de aguas negras y de lluvia. Si alguien viene a mí a venderme uno de esos objetos, de inmediato estoy consciente que ha sido hurtada y lo denuncio o sencillamente no compro.
Dar con el paradero de los que hurtan y compran estos objetos debe ser fácil. Hay cámaras instaladas por casi toda la ciudad y así como se hacen públicos los videos de malos conductores, así debería hacerse con estos sujetos. Luego está la facultad de los allanamientos autorizados por los juzgados. La PNC y la Fiscalía deben realizar allanamientos sorpresivos a todas las chatarreras y fundidoras, seguramente encontraran estos objetos hurtados que son propiedad del Estado y por ende de beneficio y utilidad ciudadano.
Muchos vehículos resultan dañados o han provocado accidentes y lo que es peor algunas personas ya han caído y sufrido severas lesiones en esos hoyos que dejan los delincuentes, incluso algunas personas han sido arrastradas por correntadas hacia esos hoyos por falta de tragantes y han muerto. Sus cadáveres han sido encontrados en sitios lejanos o algunos nunca aparecieron. La falta de tapaderas y tragantes es un grave problema que debe combatirse con rigor. El sistema de video cámaras es un aliado. Robarse un tragante o una tapadera generalmente requiere de al menos dos personas, un vehículo y algo de tiempo, suficiente para captar las imágenes y dar con el paradero de los delincuentes. También es preocupante que se roben los tragantes y tapaderas y pasen meses y hasta años sin que sean repuestos por las respectivas instituciones, significando un peligro latente para los conductores y especialmente para los peatones. Hay que combatir con rigor este tipo de hurto por el bien ciudadano.