En el futuro, después del desastre, cuando las generaciones despierten del letargo, rompan el domo mediático y la atmósfera sea respirable, se podrán recuperar los códices para encontrar el camino hacia la institucionalidad democrática del consenso trazado por Los Acuerdos de Paz. Solo entonces, una minuciosa investigación antropológica electoral develará la magnitud del colosal fraude estructural que aniquiló a las embrionarias formas de vida democrática, desencadenando un efecto expansivo de graves ‘’irregularidades” que dieron al traste con la esperanza de alcanzar un equilibrio de contra pesos en las elecciones de 2024; arrojando un resultado ilegal e ilegítimo por su origen inconstitucional. El impacto del meteoro extinguió la exigua institucionalidad, cubriendo con una densa nube de opacidad a todo el Estado. Esa investigación revelará el origen y las causas de la extinción democrática a través del secuente rastro de “coprolitos” dejados al paso por el predador dominante y su cohorte de especies inferiores.

Cuando el rio suena, es porque piedras trae. La avalancha de críticas y señalamientos sectoriales, académicos, periodísticos, de expertos, y de las propias misiones de observación electoral nacional e internacional, dan cuenta de graves “irregularidades” ocurridas antes, durante, y después de las elecciones presidencial y legislativa del 4 de febrero. Fallas que ineludiblemente son parte de un colosal fraude estructural aviesamente calculado, planificado y ejecutado por el gobierno de Bukele, y articulado por un ejército de mercenarios venezolanos traídos del entorno de Guaidó. La sumisa respuesta del tribunal electoral fue un amañado recuento de votos, bajo control y amenaza represiva oficial; maniobra con la que pretendieron esconder un elefante en las urnas para encubrir el fraude esencial de la inconstitucional reelección presidencial de Bukele. Luego, la respuesta de la autoridad electoral ante los recursos de nulidad de escrutinio y de la elección misma, presentados por los partidos de oposición, fue inadmitir, ante la ausencia de argumentos legales de esa póstuma máxima autoridad electoral.

Es lamentable la premura de una parte de la comunidad internacional que se desbocó al reconocer un resultado electoral sin escrutinio (y conociendo las oscuras credenciales antidemocráticas, de opacidad, y violatorias a derechos humanos de este gobierno), y obviando la avalancha de “irregularidades” y recursos legales, la inexistencia de datos oficiales del tribunal electoral, sino solo el cálculo de una encuesta de boca de urna contratada por el partido de gobierno, sin aval del tribunal electoral, contraviniendo la norma legal que impide publicar encuestas en esa etapa. Tal reconocimiento internacional, solo a partir de la auto proclamación de Bukele, bajo la premisa mediática de popularidad, y sin sustento legal, sienta un mal precedente que atenta contra los estándares y procedimientos democráticos acuñados tras superar decenios de dictaduras militares en la región, cuando los fraudes eran la regla; vulneran el proceso democrático.

Es inocultable el calamitoso estado de cada uno de los partidos de oposición, quienes desde el inicio del proceso electoral mostraron ausencia de visión estratégica, falta de elemental sentido político para maniobrar de manera eficiente y oportuna; distanciados de los movimientos sociales y de las organizaciones de la sociedad civil; incapacitados para concertar y gestar unidad; con un liderazgo disperso, atomizado y dividido; bloqueados de recursos para librar una campaña básica; carentes de un proyecto político creíble que motive y movilice la participación electoral de la mitad ausente; y sobre todo, incapaces para distinguir, pelear y retirarse de la campaña presidencial ante la ausencia de condiciones democráticas mínimas para una elección justa.

Es conmovedor y admirable la dignidad, el arrojo y valentía de la militancia de oposición, que, aun sin recursos, sin estrategia, sin dirección coherente, tengan el ánimo de librar esta campaña municipal, enfrentando a un Goliat perverso y poderoso. Sobre todo después de resultados tan adversos y en condiciones diametralmente desiguales; sin garantías técnicas, administrativas y jurídicas por parte del tribunal electoral que den certeza de que al menos en la elección del próximo domingo 3 de marzo se respetará la composición de las Juntas Receptoras de Votos, para que no sean nuevamente copadas por el partido oficial. Certeza de garantizar el funcionamiento y seguridad del sistema de transmisión de resultados y la publicación de actas de escrutinio en la web, y la integridad de la cadena de custodia del paquete electoral.