El martes 2 de enero, en el límite entre Chalchuapa y Santa Ana, un autobús de la ruta 202, cuyo recorrido es de Ahuachapán a San Salvador, se incendió por desperfectos en el motor. Las llamas fueron sofocadas por bomberos y gracias a Dios no hubo víctimas humanas. Solo el susto y los daños materiales. El miércoles 3 de enero, sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, en la capital salvadoreña, un bus de la ruta 42-B que recorre de Santa Tecla a San Salvador se prendió en llamas y fueron automovilistas particulares quienes haciendo uso de sus extintores ayudaron a sofocar el siniestro. El hecho dejó dos personas con lesiones menores. En este caso se generó un fuerte congestionamiento, pero por suerte no pasó a más.
La madrugada de ese mismo miércoles, un autobús de la ruta 111 que tiene ruta desde Ilobasco a San Salvador yviceversa se incendió en pleno recorrido en las inmediaciones del kilómetro 38 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de El Carmen, departamento de Cuscatlán. Los pasajeros lograron ponerse a salvo. Según el Cuerpo de Bomberos, el accidente se debió a un corto circuito en la unidad. El viernes 5 de enero, un autobús de la ruta 133 que recorre de Zacatecoluca a San Marcos (San Salvador) prendió en llamas en la autopista al aeropuerto internacional, a la altura del kilómetro 25, en la jurisdicción de Olocuilta (La Paz).Imágenes captadas por algunos testigos permitieron ver los rostros de angustia de los pasajeros bajando a toda prisa del autobús.
Hace unos 30 años aproximadamente, una mujer comerciante de mercado Central de San Salvador murió en el hospital tras haber sufrido quemaduras de primer grado al incendiarse un autobús de la ruta 21. Semanas antes un joven universitario había muerto en la carretera a Sonsonate cuando el autobús que los transportaba a la aquella ciudad se incendió. Esos dos hechos generaron que las autoridades de la División de Tránsito y Transporte, al igual que los diputados y empresarios de transporte de la época, se rasgaran las vestiduras y prometieran reformas para garantizar la seguridad de los pasajeros. Se habló de revisiones cotidianas y al azar de las unidades del transporte, de renovación de la flota de unidades, de seguros obligatorios, de sanciones fuertes a los empresarios y de un sinfín de promesas que solo quedaron en perorata coyuntural. Los buseros tenían poder y ninguna iniciativa para mejorar el transporte de pasajeros pasó de una simple promesa politizada.
En la actualidad el sistema permite que presten servicio al público unidades (autobuses y microbuses) hasta con 20 años de antigüedad. En alguna ocasión ha habido iniciativa para que la antigüedad máxima sea de 15 años, pero no ha pasado a más. Claro que los pasajeros se alegran, pero los empresarios del transporte siempre ponen reparo y quizá con toda razón, pues ellos consideran que no existe una política de apoyo al sector. No hay líneas flexibles de financiamiento para adquirir nuevas unidades, a veces sufren atrasos en la cancelación del subsidio, el valor del pasaje se ha estancado, los combustibles se encarecen, el precio de los insumos y repuestos se ha elevado, etc. Pero también es cierto que hay empresarios que no les dan un adecuado mantenimiento a sus autobuses y microbuses y que permiten que sus unidades se deterioren hasta convertirse en casi chatarras y en un peligro cotidiano para sus pasajeros.
Un ciudadano cualquiera sale de su casa hacia su lugar de trabajo o estudio, aborda una unidad, paga su pasaje y espera llegar sano y salvo a su destino. Pero, repentinamente la unidad se queda varada o lo que es peor, se incendia. Con suerte solo sufrirá el susto de su vida, pero fácilmente puede resultar con quemaduras o regresar a casa en calidad de cadáver. La familia de la víctima, dependiendo de las circunstancias, tendrá derecho a una indemnización por parte del Fondo para la Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT). Los buseros y microbuseros tiene dificultades para la gestión de seguros a terceros en el ámbito privado.
El incendio de las cuatro unidades en los primeros cinco días de 2024 debe llamar la atención de todos. Los empresarios del transporte colectivo deben adquirir más responsabilidad social. Ellos son tan necesarios como útiles y deben exigir sus derechos y cumplir con sus deberes. En primera instancia es su responsabilidad darle mantenimiento a sus autobuses y microbuses y por ende quienes deben responder por las víctimas, ya sea de manera directa o subsidiaria. El Estado debe regular y controlar el buen funcionamiento de las unidades las que deben someterse a revisión constante. El sistema del transporte público de pasajeros necesita del involucramiento institucional del Estado, la sociedad y los actores directos (empresarios y usuarios) una buena revisión en todos los sentidos; en la parte mecánica, en el tiempo de uso, en los subsidios y pasajes, en el funcionamiento empresarial. En fin, una revisión integral que garantice al final el bienestar y la seguridad del usuario.
Gracias a Dios no ha habido, en lo que va del año, un muerto por quemaduras a raíz de incendios en microbuses oautobuses, pero qué pasaría si uno de esos incendios ocurre cuando las unidades vayan repletas de pasajeros, en áreas congestionadas, y sin darle tiempo para una evacuación efectiva. Algo hay que hacer y hacerlo ya. Antes que nos toque lamentarnos por nuestros muertos.