Decidir el diseño y planeación de los procesos electorales no es antojadizo. La arquitectura y ejecución de un Plan General de Elecciones (PLAGEL) debe tener como base un sólido dictamen técnico y jurídico al que las magistraturas del TSE deben ceñirse para actuar como garantes de la celebración de elecciones libres, justas y competitivas, en las que la máxima autoridad electoral se comporte como un árbitro diligente, capaz de imponer autoridad y sancionar. Por el contrario, si es frágil, débil, timorata e incoherente, se corre el riesgo de una ambigua aplicación de las reglas, ya sea por las presiones del régimen autoritario, caracterizado por controlar y corromper a su antojo a las instituciones del Estado, o, desde el temor mismo de los magistrados para evitar ser declarados inconstitucionales por la Sala, controlada también por el Ejecutivo.

En nuestro sistema electoral, cada 15 años convergen todas las elecciones (Presidente, Parlacen, Asamblea Legislativa y Concejos Municipales) en un mismo periodo. Después de la firma de los Acuerdos de Paz ocurrió en dos ocasiones y solo en una de ellas se separó la elección presidencial de la legislativa y municipales. Tradicionalmente, cuando se separan las elecciones se procura un contrapeso para que la elección parlamentaria no sea influida por la elección presidencial, reforzando la legitimación y autonomía en la elección del órgano legislativo y cuando se juntan es en la búsqueda de un efecto de arrastre. Por lo tanto, la decisión de celebrar en una misma jornada las elecciones presidencial y legislativa no es inocente, sino que corresponde a un cálculo político que tendencialmente favorece al Ejecutivo, al generarse un “voto en cascada”. En otras palabras, la elección presidencial arrastra las preferencias de la legislativa, por el mayor peso en recursos financieros, mediáticos y mayor tiempo del proselitismo de la campaña presidencial.

La separación de las elecciones es una decisión de ingeniería electoral del partido de gobierno que exhibe la necesidad de seguir contando con una mayoría calificada en la Asamblea y que conlleva el riesgo ineludible de poner en severa desventaja los Concejos Municipales y el PARLACEN, provocando una menor participación electoral en esta elección. Recordemos que los Concejos Municipales sufren la pérdida del interés ciudadano producto de la imposibilidad de generar obras de desarrollo local, debido al desfalco del 85% del Fondo para el Desarrollo Local (FODES) y la consiguiente centralización de esos recursos financieros en la Dirección de Obras Municipales (DOM). Por lo tanto, si las municipalidades en su mayoría son incapaces de generar obras y resolver problemas comunitarios ¿qué interés puede tener la población de participar en la elección de sus Alcaldes?

Sobre el PARLACEN, no debe olvidarse que la elección directa de Parlamentarios Centroamericanos es reciente, todavía no tiene mayor arraigo político en el interés ciudadano, el mismo Parlamento no dispone de los recursos y mecanismos para proyectar su trabajo al conocimiento ciudadano, por lo tanto, será escaso el interés y pueden ser desastrosos los resultados de la participación al juntar estas dos elecciones. Además, a 17 meses de las elecciones es muy extraña y sospechosa la manera en que el gobierno y sus diputados juegan con las expectativas de participación electoral de nuestros compatriotas en el exterior. El gobierno, teniendo los votos legislativos, sabiendo que “los recursos alcanzan cuando nadie se los roba”, y con una supuesta claridad de que voto sea por medios electrónicos e internet, hasta hoy no han sido capaces de aprobar en tiempo una ley técnicamente realizable, consultada con el TSE y con los mecanismos de auditabilidad que garanticen un voto seguro y sin exclusiones.

De la misma manera, el gobierno ejerciendo absoluto control sobre la institucionalidad, ha sido incapaz de documentar a nuestros compatriotas en el exterior mediante la extensión del Documento Único de Identidad (DUI) tal como se comprometieron desde el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN). Por lo tanto, esta sospecha se fundamenta en el riesgo de que manipulen el voto desde el exterior por falta de garantías de seguridad y mecanismos para una amplia participación.

Estos retrasos impiden consolidar el PLAGEL y, por ende, la gestión, cuantía y desembolsos oportunos del Presupuesto Especial de Elecciones, poniéndose en riesgo la contratación de tecnología idónea, los procesos de actualización de la cartografía electoral para ampliar el Voto Residencial, así como los mecanismos de consulta ciudadana para actualizar el padrón de electores debido a la migración interna y externa, con los consiguientes cambios de direcciones. El país urge de garantías para un proceso electoral libre, seguro, justo, competitivo y transparente.