Con la actual, son tres presidencias (antes: Funes y Sánchez Cerén) las que han tenido que decir ‘algo’ acerca de El Mozote. Pero en ningún momento se ha tratado de exposiciones de planteamientos coherentes y sustantivos con sus correspondientes acciones. Por sentencia judicial internacional es que el Estado de El Salvador está obligado a desarrollar medidas de restauración para el área de El Mozote y sus alrededores. ¡Han tenido que torcerle el brazo al Estado salvadoreño para que tal cosa ocurriese!
No se ha formulado hasta el momento una política de Estado para este caso ni para ninguno de los otros casos que a partir de ahora es posible que pasen por el bisturí de la Fiscalía General de la República.
Pero que no se equivoquen, quienes ahora han comenzado a saber acerca de estos hechos de la guerra y a pedir el fin de la impunidad desde las posiciones políticas que hoy ostentan y creen que son los primeros en abordar ese tema. Desde el primer momento que ocurrieron estas atrocidades hubo denuncias y hubo repudio y hubo miedo, claro, muchísimo miedo, porque los ejecutores de estas deplorables iniquidades estaban a buen resguardo: eran las fuerzas militares del Estado.
El arzobispo Óscar Arnulfo Romero, por denunciar todos estos atropellos y contribuir con su palabra firme a crear conciencia crítica entre la población, fue asesinado el 24 de marzo de 1980. ¿Será que también este caso lo tiene en la mira la Fiscalía?
Si es cierto, si no se trata de una campaña publicitaria más, pues se aproximan días, meses y años duros porque se abrirán heridas que nunca se quiso sanar. Heridas profundas que se ocultaron, porque se engañó a mucha gente con un discurso falaz.
Sin embargo, este asunto no es uno de orden judicial, como algunos se imaginan. Es la historia reciente de este país la que debe ser puesta sobre la bandeja.
El solo hecho de fijar una fecha para que la FGR, de oficio, investigue los crímenes de guerra, es ya problemática. Los años de 1981 en adelante, parecieran no estar en duda. ¿Pero antes? Al ir año por año, es fácil constatar que la represión fue en ascenso desde 1972 y que tuvo al año 1980 como su momento de condensación.
Quienes ahora tienen entre 50 y 60 años de edad y vivieron el año 1980 aquí en el país (en las ciudades y en el campo), recordarán muy bien, los torrentes de sangre inocente que fue derramada. Porque se trataba, desde la perspectiva militar gubernamental y desde la perspectiva militar irregular que comportaban los escuadrones de la muerte, de acabar de raíz con la insurgencia popular que había comenzado a desbordarse.
‘Quitarle el agua al pez’ fue, si quiere verse de este modo, el núcleo conceptual de esa estrategia de aniquilamiento de la población disidente (o que se presumía tal).
Los vasos comunicantes que había entre la Fuerza Armada y los escuadrones de la muerte es algo que ahora, si investiga la Fiscalía con suficiente cuidado y firmeza, quedará patente.
Sin duda que esta Fiscalía no se encuentra en condiciones de emprender un esfuerzo de este tipo y bien haría en buscar acompañamiento nacional e internacional para acometer esta impresionante tarea. Porque no se trata solo de acusar a este o a otro, o a los demás allá, sino de contribuir a encontrar el camino de la justicia, la reparación y la reconciliación.
La represión política de 1972 a 1979 (hasta el 14 de octubre) es un capítulo diferente a lo ocurrido entre 1981 y 1992. Y hay, hasta el día de hoy, una indiferencia absoluta para establecer responsabilidades de los diferentes gobiernos de esos momentos y de las estructuras militares correspondientes (en el Ejército y en los cuerpos mal llamados de seguridad).
Los años 1979 (del 15 de octubre hasta el 31 de diciembre) y 1980, completo, son otro capítulo que debe considerarse aparte, para su valoración adecuada. Y sobre todo 1980 que quizá sea donde mayores reportes hubo de personas asesinadas de manera individual.
Ya generalizada la guerra, desde 1981, se dan otros hechos en el marco de la confrontación político-militar, que también constituyen graves violaciones a los derechos humanos. Se trata de las decenas de masacres perpetradas por la Fuerza Armada en el área rural, sobre todo.