El contexto es que en enero de 2023 se vencen 800 millones de dólares en bonos emitidos en los mercados internacionales. Sin embargo, el precio de esos bonos al igual que el resto de los bonos emitidos por el Estado salvadoreño habían caído muchísimo, fruto del debilitamiento institucional del país, la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, así como por la incertidumbre de si el gobierno iba a conseguir el dinero para pagar. Para poner un ejemplo un bono que costaba $ 100 se llegó a cotizar casi a $ 30.
En una jugada mediático-financiera el gobierno anunció que iba a recomprar esos bonos antes que se vencieran y también los que se vencían hasta 2025, porque lo harían a un precio de mercado menor y con eso se ahorrarían dinero. ¿Por qué digo mediática? Porque para la narrativa del gobierno es un ganar-ganar. Si efectivamente logran recomprar los bonos a un precio más bajo dirán que le han ahorrado al pueblo salvadoreño dinero de la deuda. Si los precios de los bonos suben, aun cuando no los recompren, el perfil de riesgo bajará, por lo cual dirán que ha sido gracias a la “estupenda” estrategia que siguieron.
Ahora, de ¿dónde ha obtenido el gobierno los “puchitos”? $ 100 millones los obtuvo a través de un préstamo del Banco Mundial, para cubrir el costo de vacunas que ya había comprado, es decir sustitución de fuentes y con ello liberar $ 100 millones para pagar lo que sea incluyendo deuda. También han presentado una iniciativa para que la Asamblea apruebe un préstamo de $ 200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Centroamericana (BCIE, sí el mismo que ha estado financiando al régimen de Ortega en Nicaragua).
Además, se usarían $265 millones de Derechos Especiales de Giro, los que equivalen a unos $ 360 millones. Estos son activos de reserva internacional creados por el Fondo Monetario Internacional, quienes en el marco de la pandemia le asignaron más recursos, incluido a El Salvador. Estos derechos, en principio, son parte de las reservas internacionales netas, y con el marco legal actual no podían usarse para pagar deuda. Pero con una Asamblea controlada por el Ejecutivo, esto no es problema y por ello lo que se va a hacer es que ahora el Banco Central de Reserva le va a prestar dinero al gobierno. En otras palabras, lo que el gobierno está haciendo es endeudándose con distintos acreedores para pagar deuda.
Ahora bien, los bonos que se vencen en 2023 y 2025 suman $ 1,600 millones y el gobierno hasta ahora solo ha anunciado tener $ 560 millones, ¿de dónde se obtendrá el resto? Luego de esta movida de gobierno habrá que ver la reacción de los mercados financieros. Por ejemplo, si al final el precio vuelve a llegar a $ 100, el gobierno no se habría ahorrado nada, sino que solo habría adelantado un pago que bien hubiera podido esperar. También podría haber demandas si es que algún inversionista siente que el gobierno en realidad estaría cayendo en impago por no cumplir lo pactado. O, por el contrario, los mercados financieros reaccionan tan bien, que el gobierno hasta podría emitir nuevos bonos.
En cualquier caso, el problema financiero del gobierno no es solo el vencimiento de estos $ 800 millones, sino que tiene solo este año un vencimiento de más de $ 1,200 millones en deuda de corto plazo y debe conseguir dinero para financiar los déficits fiscales de este y los años 2023 y 2024.
Es decir que la situación financiera seguiría siendo muy complicada. Por lo que, aunque parezcan jugadas interesantes, mientras no se cuente con una estrategia fiscal con medidas de corto, mediano y largo plazo en el área de ingresos y gastos, se continuará con una política fiscal de sobrevivencia, que no posibilita una mejora en el bienestar de la mayoría de la población y tampoco permite fortalecer la democracia.