La imposición de la tercera prórroga del Régimen de Excepción y las más de 42000 detenciones, miles de estas arbitrarias, han conducido a un grave retroceso ante la masificación de denuncias de viejas prácticas de tortura y tratos crueles e inhumanos por agentes del Estado. La violencia extrema en los reclusorios debido a la perversa práctica de mezclar detenidos inocentes con criminales curtidos en el sistema penitenciario, provoca que el miedo y la incertidumbre se extiendan como otra pandemia que diezma principalmente en los tugurios y zonas marginales, donde el mayor delito es ser y parecer pobres bajo el asedio y la persecución de la más feroz cacería de agentes de seguridad.

El país entero se hunde, empantanado bajo un estado de represión e incertidumbre generalizada, justificada en el pretexto mediático del supuesto combate a la criminalidad de las pandillas. Esta supuesta “lucha” es utilizada como un inmenso telón para ocultar y desviar la atención sobre los graves problemas de transparencia, corrupción, crisis económica generalizada que dispara el precio de la canasta básica, la mayor deuda externa y el descalabro de las finanzas públicas. El régimen ejecuta su macabro plan para imponer realmente un control poblacional, haciendo de la represión una normalidad cotidiana, por la que incluso se debe agradecer al gobernante. En paralelo, crece la represión política y la descalificación selectiva a todo lo que se mueva en la oposición social, llevándose de encuentro a la prensa independiente y los organismos de la sociedad civil especializados en la protección de los Derechos Humanos.

La veta autoritaria de Bukele asomó con el asalto al palacio legislativo aquel 9F, el tratamiento militarizado de la pandemia, el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia y Fiscalía General de la República, así como con el cierre de todos los mecanismos de transparencia -dando rienda suelta a la corrupción-. Estos hechos apenas fueron el preludio del mayor brote autoritario mostrado por el gobierno durante el Régimen de Excepción, que, ante las críticas de la comunidad internacional, nuevamente adopta una actitud defensiva y se aísla cada vez más, ausentándose de los eventos de integración regional, de las cumbres presidenciales y de las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué decir de los señalamientos calificados que demuestran la insostenibilidad por las graves consecuencias del Régimen de Excepción, no dudo que la reacción será la búsqueda de un golpe mediático para tratar de sacudírselo.

Nuestro país, con apenas seis millones y medio de habitantes, de los que la población adulta son 4,374,606, se ha convertido durante la pos pandemia en uno de los mayores “campos de concentración”, con una población carcelaria que hasta marzo contaba con 39538 privados de libertad y solo durante los tres meses del Régimen de Excepción el gobierno ha detenido hasta el viernes 24 de junio a 42492 personas más, para un total de reclusos que supera los 82000, llevando el hacinamiento penitenciario al 260% de rebalse de la capacidad de la infraestructura.

De acuerdo con el ranking del “World prision Brief”, principal base mundial de datos sobre asuntos penitenciarios y compilado por El Instituto para la Investigación de Políticas del Crimen y Justicia, con la estratosférica cantidad de presos El Salvador se convierte en el país de América Latina y el Caribe con el mayor porcentaje de detenidos (1080 por cada 100 mil habitantes). Con esa cifra el pais supera a EEUU, que hasta junio y durante los últimos veinte años cuenta con un promedio de privados de libertad de 639 por 100 mil habitantes, que lo situaba con el mayor porcentaje en el mundo.

Definitivamente tanto el Régimen de Excepción, la guerra contra las pandillas, las detenciones arbitrarias y los “campos de concentración” son insostenibles económica, social, moral y políticamente, mientras las raíces de las causas estructurales que dan origen al fenómeno de inseguridad, violencia y criminalidad no sean abordadas desde la base de manera integral; mientras el régimen privilegie la construcción de mega cárceles y en tanto siga demostrando incapacidad para construir el Hospital Rosales, el Hospital Norte en Nejapa; mientras prevalezca el estado de abandono de miles de centros educativos; mientras siga privilegiando el número de efectivos de la Fuerza Armada por sobre la cantidad de maestros y trabajadores de la salud y mientras continúe el abandono de las capacidades productivas para generar más y mejores empleos.