De entrada, las representantes de las referidas organizaciones expusieron sus planteamientos de manera ordenada y con datos. Luego intervino la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, quien arrancó su perorata asegurando que El Salvador era “un país con una dinámica muy activa ante esta Comisión”. No es así; más bien se ha caracterizado por incumplir las recomendaciones de la misma.
“Para muestra”, dicen, “un botón”. Aún no existe una ley en favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, delitos contra la humanidad y crímenes de guerra basada en los estándares interamericanos sobre justicia transicional, pese a haber transcurrido más de siete años desde que la Sala de lo Constitucional anuló la amnistía que se recetaron los responsables de las atrocidades mencionadas. En esa sentencia, además se ordenó aprobar dicha normativa que aún seguimos esperando; luego, esa fue una de las recomendaciones que la CIDH incluyó en su informe de país publicado el 14 de octubre del 2021. Y como este ejemplo, hay muchos más.
No debería extrañar esa actitud negativa frente a la entidad colegiada regional de derechos humanos, tanto por “tradición” como porque el jefe máximo de la viceministra Mira se la pasa acusándola de “defender a los pandilleros”. “Los países ‒aseguró Nayib Bukele a finales de marzo del 2022‒ deberíamos de evaluar retirarnos de estas organizaciones internacionales que solo buscan mantener a nuestra gente sufriendo”. Eso fue lo que hizo Hugo Chávez con Venezuela en febrero del 2010; Daniel Ortega, por su parte, expulsó de Nicaragua a dos misiones de expertos de la CIDH en diciembre del 2018.
Retornando a la audiencia comentada, resulta pertinente rescatar una de las intervenciones generadas desde el lado del organismo convocante para ilustrar lo ocurrido. La comisionada Julissa Mantilla preguntó a la delegación gubernamental si “el estado de excepción prolongado” era “una herramienta de su política criminal para controlar la situación generalizada en El Salvador”; también consultó “si el Estado salvadoreño había iniciado procesos de reparación” para las “personas detenidas por error”.
De suma relevancia fue su cuestionamiento sobre las 142 personas fallecidas dentro de los centros penales y la razón por la cual se archivaron esos casos alegando que no se consideraban delitos. “¿Cuáles fueron las causas de las muertes?”, inquirió. “¿Todos estaban enfermos –insistió– antes de entrar a la prisión? Y si estaban enfermos, ¿por qué no fueron llevados a un hospital y sí a una prisión?”. La comisionada Mantilla finalizó reiterando el pedido que, insistentemente, se ha hecho al Gobierno a fin de que autorice una visita de la CIDH “para ver cuál es la situación real en El Salvador”.
Hubo más señalamientos que, como los anteriores, no fueron asumidos por la delegación oficial o pusieron a tataratear a quienes les tocó responder. Pero el más tatarata, ciertamente, fue la reciente contratación foránea –probablemente bastante onerosa– para reforzar un “equipo” que solo juega bien en el “potrero” nacional donde no se respetan las reglas y los árbitros están comprados: el colombiano Andrés Guzmán, comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión. Al igual que los anteriores, cuando este “equipo” sale a jugar al “Bernabéu” o al “Nou Camp” no da una y siempre pierde por goleada. De seguir así, nuestro país continuará en “pie de guerra” como lo ha estado al menos desde hace 54 años: de la mal llamada “guerra del fútbol” con Honduras pasó a la guerra sucia, a la guerra de guerrillas, a la guerra abierta y a la guerra contra las maras. ¿Cuál será la guerra que vendrá?