A El Salvador se le alinean todas las crisis, le llueve de todo. El copioso invierno puso en relieve la dramática vulnerabilidad territorial con el luto de 22 víctimas fatales, 16 de estas solo en las tres primeras semanas de septiembre; al doloroso rosario invernal se agrega la pesadilla de 60 cárcavas que han dejado literalmente en la calle a centenares de familias que perdieron su vivienda, fruto del sacrificio de toda una vida, sin contar los innumerables derrumbes, deslaves e inundaciones que arrasaron con cultivos, animales y enseres domésticos, y hasta automotores. Mientras tanto, la mayoría de los alcaldes y sus concejos municipales que siempre estuvieron en la primera línea de prevención, auxilio y mitigación de riesgos, hoy solo ven pasar la tragedia, carentes de recursos materiales y financieros ante el dramático recorte del FODES a las municipalidades.

A esta camándula de tragedias se suma la crisis humanitaria derivada de la violencia que ejercen agentes del Estado (Ejército, PNC, custodios penitenciarios) con la ejecución de más de cincuenta y dos mil detenciones, miles de ellas arbitrarias y violatorias de Derechos Humanos; en el contexto de un prolongado e injustificable Régimen de Excepción que suspendió garantías constitucionales y que se ha extendido por más de seis meses desde el pasado 27 de marzo, amenazando prolongarse por razones estrictamente político electorales por todo el periodo proselitista que culminará en marzo de 2024.

Esta estrategia de creación de campos de concentración penitenciarios y construcción de mega cárceles para, supuestamente, eliminar el problema de los grupos criminales de pandillas, ha convertido a El Salvador en una inmensa cárcel con un promedio de 1200 presos por 100,000 habitantes, tasa superior a la de Estados Unidos que ya era el país con más privados de libertad a nivel mundial, con un promedio de 663 presos por 100,000 habitantes. Esta estrategia es insostenible e ineficiente por los devastadores efectos humanitarios y económicos, así como para las precarias finanzas públicas de un Estado que no alcanza a resolver sus obligaciones sociales.

La “guerra contra pandillas” es además una estrategia mediática con fines político-electorales que ha llevado al régimen a concentrar el mayor porcentaje de los recursos humanos, materiales y presupuestarios sobre ese propósito, desatendiendo áreas sensibles como la seguridad vial, espacio donde se multiplican las víctimas fatales, en tanto solo despliegan retenes cuando hay marchas de oposición. Por otro lado, la criminalidad se está adaptando a las nuevas condiciones y es así como crecen vertiginosamente los delitos de alto impacto: hurtos y robos, registrando en mayo 603 denuncias, junio 645, julio 737, y agosto 773. Delitos como violaciones por el que en 2021 se registraron 1580 denuncias, hasta agosto de este año se registraban 1730 que reflejan un incremento de 8,7%; y delitos como la extorsión, que durante el 2021 registraron 1106 denuncias, hasta agosto del presente año estas aumentaron a 1183 casos. A esto debe agregarse la señal de una creciente incursión de carteles del narcotráfico y mayor distribución de drogas.

A toda esta debacle se carga la incontenible crisis económica y social, producto de una inflación fuera de control que ha disparado el costo de los servicios básicos y vuelve inalcanzable la ya recortada canasta básica de alimentos que apenas incluye 22 productos. Se acumulan más de quince mil despidos de trabajadores del Estado, mientras, la generación de puestos formales de trabajo está muy por debajo del crecimiento poblacional ante la caída de la productividad y el distanciamiento de inversionistas debido a la poca confianza por el creciente riesgo con el que las calificadoras miden al país.

Paralelamente crece vertiginosamente el sector informal de la economía, en abierta confrontación con la política de desalojos de vendedores informales del centro de la capital, sin que se les ofrezcan alternativas ante esta otra crisis humanitaria. Realmente estamos frente a una estrategia gubernamental perfecta para empujar al éxodo migratorio para descompresionar las carencias internas y mantener el crecimiento de las remesas para engrosar el incremento del PIB. A esta hecatombe generalizada debe sumarse la crisis de las finanzas gubernamentales por la creciente falta de liquidez, la mayor deuda pública de la historia, la opacidad convertida en política institucional y la galopante impunidad y corrupción; y, por si no bastara, hoy se suma una crisis política ante la amenaza de una reelección presidencial inconstitucional.