Los impactos causados por la ocurrencia de este tipo de desastres se ha intensificado por factores vinculados a la actividad humana como la deforestación, la contaminación y el deterioro ambiental; el crecimiento urbano, la falta de planificación y ordenamiento territorial; el aumento de la pobreza y la desigualdad; deficiente infraestructura pública, un limitado reconocimiento del riesgo por parte de las autoridades, ausencia de medidas gestión del riesgo y una débil gestión ambiental. Y sumado a todo ello el cambio climático que, de acuerdo a la evidencia científica, provocará que en los próximos años países como El Salvador experimenten no solo sequías más prolongadas y temperaturas más elevadas, sino que las tormentas y lluvias serán más fuertes y dañinas.
Hasta la fecha, la actuación estatal se ha limitado a dar una respuesta ante la ocurrencia de desastres, es decir una actuación ex post, lo cual si bien es necesario -sobretodo al momento de garantizar los derechos de las personas afectadas directamente-, no puede dejar de lado la necesidad de gestionar el riesgo de ocurrencia de desastres, es decir, implementar intervenciones previas a su ocurrencia que reduzcan la vulnerabilidad del país y minimice los potenciales impactos.
Uno de los primeros elementos en los que se debe avanzar es en el fortalecimiento de los sistemas de información disponible sobre amenazas naturales y vulnerabilidad a nivel nacional y territorial, para que quienes toman decisiones de política pública lo hagan de manera eficiente con base en evidencia.
Además es indispensable avanzar en la adopción de una perspectiva integral en las políticas públicas, que los funcionarios pidan a la ciudadanía no arrojar basura en las calles, mientras aprueban licencias y permisos ambientales a proyectos que generan deforestación e impermeabilizan el territorio; no solo es insuficiente, sino una incongruencia en el quehacer estatal. La dimensión ambiental y el cambio climático deben incorporarse desde la fase de formulación de los planes y políticas públicas, incluyendo aquellas que busquen promover el crecimiento económico.
La respuesta ante el riesgo de desastres debe reflejarse en una mayor articulación y coordinación interinstitucional. Son las instituciones estatales las que deben asumir el liderazgo en la reducción de la vulnerabilidad, evitando hacerlo desde una perspectiva sectorial en la que cada entidad impulsa sus prioridades y planes de acción. Como parte de la gestión del riesgo se debe abandonarse el centralismo, ya que son los gobiernos locales los que tienen una mayor capacidad de intervención y articulación a nivel territorial.
Y por supuesto resulta indispensable que como parte de gestión del riesgo, también considere las implicaciones presupuestarias. Los Estados son financieramente vulnerables en este aspecto, particularmente en contextos donde los recursos públicos tienen un alto costo de oportunidad. Por una parte la ante la ocurrencia de un desastre se deben destinar recursos para la atención de la emergencia y para promover la reconstrucción o recuperación nacional; pero, también la implementación de medidas de mitigación y gestión del riesgo, también requieren de recursos. Para hacer frente a esas demandas es necesario fortalecer no solo la recaudación tributaria con la utilización de instrumentos como los impuestos ambientales, sino también mejorar las estrategias nacionales para acceder a financiamiento climático.
Las amenazas naturales que enfrenta el país seguirán estando presentes, pero si desde el Estado no se implementan medidas para reducir la vulnerabilidad y por ende el riesgo, cada año la historia se repetirá, la ocurrencia de desastres será más frecuente y sus impactos cada vez más intensos.