Precisamente esto último es lo ha estado ocurriendo en la Asamblea Legislativa actual. Es decir que ha dejado de ser un parlamento, donde se construyan acuerdos estratégicos que beneficien a las mayorías, dado que ya no se conversa con las diferentes expresiones políticas, sino que a través de la maquinaria cian se aprueba a ultranza todo lo que viene del Gobierno de El Salvador, de tal suerte que ni los proyectos de ley se leen o se socializan antes de entrar a las diferentes comisiones (por ejemplo así pasó con la ley Bitcoin y el contrato con Google), sino que a todos se les da dictamen favorable y luego en las plenarias solo se aprieta los botones, ignorando los diputados oficialistas lo que están aprobando.
De modo que la aplastadora cian, ha convertido la Asamblea Legislativa en un lugar donde se imprimen las leyes y luego se publican, pero no existe el rigor de la técnica legislativa, en la que se discutan, se argumenten y contra argumente posturas en torno a las iniciativas de ley, sino que verticalmente viene la orden de lo que se debe de aprobar. Anteriormente los partidos políticos ARENA, FMLN, GANA, PCN y PDC hacían componendas y se repartían las cuotas de poder y daban la impresión que respetaban las reglas parlamentarias, pero al final aprobaban lo que favorecía sus intereses.
A pesar de todo lo sinvergüenzas y corruptos que eran algunos miembros de estos partidos políticos, al menos existía un mediano equilibrio en la Asamblea Legislativa, lo que permitió un fortalecimiento institucional en donde se pudo auditar el poder, mediante un sistema de frenos y contrapesos, en la que la sociedad civil jugo un papel importante, con ello se logró encarcelar a dos expresidentes: Francisco Flores y Tony Saca, en el caso de Mauricio Funes, continua siendo prófugo de la justicia.
Además de ello con el Instituto de Acceso a la Información Pública y el TEG, se supo de los abusos de los recursos públicos, de las plazas fantasmas que tenían algunos funcionarios, también se supo de un viaje ficticio que inventó por ahí un diputado y que a la fecha no ha devuelto ese dinero público. Del mismo modo nos pudimos enterar gracias al esfuerzo de la sociedad civil que un diputado tenia a 11 miembros de su parentela trabajando en la Asamblea Legislativa. Es decir que se tenía acceso a la información pública. De la misma manera se podía saber cuántos asesores tenía un funcionario público, el nombre de ellos y los ostentosos emolumentos que recibían mensualmente.
Se tenía acceso a la información de los contratos y adjudicaciones de bienes y servicios públicos, por eso se supo que Sigfrido Reyes ahora prófugo de la justicia en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, teniendo como socio a su principal asesor, fueron favorecidos con unos terrenos donde el IPSFA era la propietaria y que los adquirieron por un precio de regalado. Igual ocurría son la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por medio de ella supimos de los funcionarios que multiplicaban su patrimonio en unos cuantos años, de modo que toda esta corrupción se denunció por medio de la sociedad civil.
Es decir que antes existía la posibilidad que la institucionalidad funcionaria medianamente, pero ahora para desgracia del pueblo toda la información de las compras, viajes, viáticos, salarios, numero de asesores y adjudicaciones de contratos públicos, está reservada, no puede saberse nada de nada, la información ha sido puesta en oculto por los diputados y con un candado de siete años de reserva absoluta. Del mismo modo dieron un dulce envenenado con la famosa reforma de las pensiones, donde le prohibieron a los ahorrantes poder acceder al 25% de anticipo de su dinero.
Pero el Gobierno de El Salvador, ya accedió a $1,000 millones de los ahorros de pensiones en un año, reservándose el derecho de no pagar la rentabilidad hasta por cuatro años, lo cual sin duda golpeara el bolsillo de los pensionados tarde o temprano. Por esta razón es importante que se razone el voto y se efectué con sabiduría, para equilibrar la Asamblea Legislativa.