La participación en eventos como la conferencia del partido republicano (CPAC) de los Estados Unidos no es gratuita. Trae consigo un costo, y bastante alto, para las libertades de nuestra población. MAGA, Make America Great Again, o Make Argentina Great Again, o Make Ahuachapan Great Again, ya empieza a pasar le factura a nuestro país. Primero el Ministerio de Educación confirmó que se ha eliminado todo rastro de ideología de género en escuelas públicas, según declaraciones del ministro Mauricio Pineda.

Ahora continúa el Ministerio de Salud. El día de ayer, los líderes de esa cartera del gobierno comunicaron a los diferentes directores de programas, que el gobierno salvadoreño ha mandado una ordenanza a todos sus ministerios: nada de LGBTI. Esta se convierte en una palabra prohibida. Todos los documentos de los diferentes programas de salud pública tienen que suprimir las siglas que se refieren a la diversidad sexual. Las poblaciones de Lesbianas, Gay, bisexual, transgénero y queer, dejan de existir. En nuestro país estos individuos o individuas, se vuelven invisibles. Ya no existen.

El viceministro de Salud Publica giró la orden a todos los establecimientos de salud de recoger todos los documentos de VIH (virus de la inmunodeficiencia humana), meterlos en una caja, sellarla, y remitirla a la sede central del Ministerio de Salud. El Sistema de monitoreo y evaluación y vigilancia epidemiológica del VIH (SUMEVE) ha sido bloqueado. La pagina web del programa del VIH del Ministerio de Salud ha sido eliminada. La inquisición del partido Republicano de los Estados Unidos ha llegado a nuestro país. Los 10 minutos que le cedieron a nuestro presidente en su agenda, fueron suficientes para suprimir los derechos de identidad de un sector de nuestra población.

La población de El Salvador muestra una diversidad de opiniones sobre la ideología de género. Según estudios, aproximadamente el 62% de la población salvadoreña no acepta la homosexualidad. Existen resistencias en la academia salvadoreña para discutir temas de orientación sexual, identidad y expresión de género debido a prejuicios existentes en la sociedad. Aunque la constitución salvadoreña protege a las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género, aún no se ha adoptado una legislación civil amplia contra la discriminación que prohíba explícitamente la identidad de género o expresión de género.

¿Qué implicaciones tiene para la salud pública estas acciones del Ministerio de Salud?
Suprimir la agenda LGTBI en un país puede tener varias implicaciones negativas. Por ejemplo, podría significar que las personas LGTBI no tengan acceso a programas de prevención y control de enfermedades, educación y formación laboral específica para ellas. Además, podría impedir que las personas LGTBI obtengan protecciones legales y sociales, lo que aumentaría su vulnerabilidad a la discriminación y la violencia. Finalmente, podría limitar la capacidad de las personas LGTBI para desarrollarse personal y profesionalmente, lo que afectaría su bienestar y contribuiría a mantenerlas en situaciones de pobreza y marginalidad.

¿Como afecta la supresión de la agenda LGBTI a la inclusión laboral?
Suprimir la agenda LGTBI en un país puede afectar negativamente la inclusión laboral de las personas LGTBI, ya que puede limitar su capacidad para encontrar empleo y prosperar en el mercado laboral. Según un estudio, la discriminación contra la comunidad LGTBI representa pérdidas de entre cientos de millones y billones de dólares, lo que afecta el crecimiento económico y la mejor inclusión de la población LGTBI en la sociedad. Además, las políticas corporativas de soporte a la comunidad LGTBI se asociaron con mayor rendimiento, productividad y valor para las empresas. Por lo tanto, la supresión de la agenda LGTBI puede limitar la capacidad de las personas LGTBI para encontrar empleo y prosperar en el mercado laboral, lo que afecta su bienestar y su capacidad para contribuir positivamente a la sociedad.

La exclusión de las personas LGBTI en la sociedad en diversos ámbitos como la educación, la atención sanitaria, la vivienda, el empleo y otros sectores, conduce a la violencia, discriminación y desigualdad de oportunidades. Es evidente que el trumpismo, que ataca la democracia, normaliza la violencia contra la cultura liberal y la regulación del mercado, se establece como el paradigma que regirá los próximos cinco años de este nuevo gobierno.