Es claro además que para desarrollar economías de escala productivas se requiere cierto tamaño así como por el peso que un estado de mayor envergadura y fuerza tiene en el ámbito internacional. Esa fue la lógica que llevó a los EEUU a mantener la unión y luchar por ella en su cruente guerra civil, a la Unión Europea constituirse como tal venciendo siglos de beligerancia y desconfianza, y a la misma Centroamérica a plantearse periódicamente la integración incluyendo la política, hoy en día más lejana que nunca en la época moderna.
Nosotros en Centroamérica tuvimos la posibilidad de ser una sola nación federando en su momento a cinco estados, pero no fuimos capaces de superar las rencillas que impidieron el que llegáramos a consolidarnos como tal. Luego de varios intentos aislados y parciales, en 1951 se suscribió y luego refrendó en el parlamento de cada uno de los cinco estados, la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), una instancia imposible de consolidar mientras existiese en Centroamérica dictaduras de cualquier color, como expresión de la tendencia de nuestros países de pasar “viéndose el ombligo”. No es sino hasta el año de 1991, cuando al avanzar decididamente parecía, la democracia y la paz en la Región, se aprueba el Protocolo a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), más conocido como Protocolo de Tegucigalpa. Éste sirve de marco para el esfuerzo de organización sistémica regional e intersectorial bajo el nombre de Sistema de la Integración Centroamericana o SICA. Por primera vez, se reconoce por la vía del SICA el carácter holístico/integral del proceso integrador, un marco jurídico actualizado de la ODECA.
Sin establecer hitos ni metas en el tiempo, lo cual creo fue correcto en virtud de nuestra realidad, se plantea en el artículo tercero del Protocolo de Tegucigalpa, como “objetivo fundamental la realización de la integración de Centroamérica para constituirla como Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo”. Ello da pie en ese mismo artículo y en el 4º, a propósitos y enunciados donde los firmantes se comprometen a darle plena vigencia a la consolidación de la democracia, a los Derechos Humanos en general y en sus diferentes expresiones políticas, económicos y sociales, individuales y colectivas, así como al respeto a los principios y normas de las cartas constitutivas de la ONU y la OEA. Sin entrar a detallar cual es la situación en cada estado de los seis originalmente firmantes del Protocolo de Tegucigalpa que incluye a Panamá, al que posteriormente se adhirieron Belice y la República Dominicana, es evidente hoy en día que, en buena lid, uno de los estados centroamericanos firmantes no debería estar en el SICA y que en otro ese derecho está en juego por lo menos al momento, mientras se define si el veredicto electoral se cumple o no.
El proscribir a un estado firmante de estar en el SICA es por supuesto posible aunque complicado legalmente. En la práctica es de difícil implementación y consecuencias ingratas totalmente indeseables. No lo veo viable y espero no se intente, para lo que francamente no hay ambiente, en gran parte motivado por la desidia integracionista de los países miembros qué, en el caso de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, parecen estar interesados en establecer sus propios mecanismos de relacionamiento. Belice por otro lado debe de estar espantado y deseando escapar hacia su CARICOM que tampoco “está muy allá” que digamos, lo que es imposible en virtud de su condicionante ubicación geográfica. En países como Costa Rica, por ejemplo, que por las condiciones propias de su consolidada democracia debería ser un faro de integración, la tendencia prevaleciente es a ver con suspicacia lo que sucede al norte inmediato de su frontera y más allá. El Salvador, encomiablemente, es el único país que se esfuerza por plantear alternativas integracionistas, pero compromete su esfuerzo al proponer la integración política, que veo cada vez más alejada y pareciera no deseada por el resto de los países.
Ya es tarde para plantearla, pues ningún país dejará que los otros se inmiscuyan en sus asuntos internos y ninguno aceptará por capital a una que, aunque fuera una nueva urbe, no sea la suya propia. Si hablamos de equidistancias, por ejemplo, la capital debería ser San José de Costa Rica, lo que para “el norte” no sería aceptable. De allí en gran parte la futileza del Parlamento Centroamericano: en el fondo ningún estado acepta legislación cuasi federal. Por el momento y en el futuro previsible, deberíamos centrarnos en fortalecer la cooperación a nivel regional en aquellas áreas donde la lógica la haga valer por sí misma y donde lo político pese menos: fortalecer el exitoso esquema intra comercial con que contamos, fortalecer el SICA como tal incluyendo su debilitada secretaría general, así como reparar una entidad tan valiosa y necesaria como es el Banco Centroamericano de Integración Económica, hoy desnaturalizada por los propios países miembros fundadores, lo que lo ha llevado a perder su carácter integrador, deberían ser las prioridades. A eso le llamo creo que, con justicia, la integración posible.