La marcha sobre Lima, que ha tenido lugar el jueves 19 de enero, sin duda marca un punto de quiebre en la situación crítica que vive Perú. Es cierto que el depuesto expresidente Pedro Castillo al final trastabilló y quiso llevar a un escenario imposible a Perú, y actuando casi en solitario. No podía dar un golpe de Estado porque los golpes de Estado los dan los militares, y no contaba con ellos. Sin embargo, ese breve y accidentado gobierno no desplegó medidas represivas. De hecho, desde el principio un Congreso adverso y obtuso lo tuvo maniatado. Hacia donde se movía siempre fue torpedeado.

Su relevo, Dina Boluarte, se decidió en las primeras de cambio por una línea represiva que ya lleva medio centenar de muertos. Y de ese modo, ese proceder frente las protestas populares ha desembocado en un cuadro de difícil pronóstico.

Las diversas acciones que desde diciembre de 2022 se han venido desplegando en distintos rumbos de Perú, hace rato dejaron de ser reacciones espontáneas y descoordinadas y se han constituido ya en una suerte de insubordinación social generalizada. Que además se ha trazado una agenda mínima bien clara: a) salida de la presidenta, b) salida del presidente del Congreso (un militar de credenciales represivas en el pasado y a quien le tocaría asumir la presidencia de la república si ahuecara la señora Boluarte), c) cierre del Congreso y convocatoria a una Asamblea Constituyente, d) nuevas elecciones para 2023 y e) que se deduzcan responsabilidades por los cerca de 50 asesinados durante las protestas.

La marcha sobre Lima pone las cosas de otro modo. Porque las protestas y los bloqueos de carreteras continúan en el interior del país (La Libertad, Puno, Arequipa, Cusco, Ica, Lambayeque y otras regiones), pero ahora también en el centro de poder, es decir, en ‘Lima la horrible’ (como la llamara Sebastián Salazar Bondy), las protestas pueden hacer sentir su peso. De hecho, el ingreso de centenares de peruanos llegados del interior (y donde los aymaras no podían faltar) causó una expectativa extraña en Lima, pero ya cuando las marchas (porque eran varias) patearon la ciudad, aquello se hizo multitudinario.

Esto que hoy ocurre en Perú constituye una novedad en las luchas sociales peruanas. Y aunque es muy probable que la ‘salida electoral’ sea la solución más sensata, esta cadena de acontecimientos, que arrancó con la destitución de Pedro Castillo, ha hecho emerger unas potencias organizativas que no será tan fácil apagar.

Los partidos políticos peruanos, como en la mayoría de países de América Latina, han perdido legitimidad y en este momento están siendo confrontados por una amalgama político-social diversa que ha dado un golpe fuerte a la mesa política del país. La primera respuesta primitiva (¡y a los tiros!) del gobierno que ha sucedido al de Pedro Castillo, ha sido plantear un esquema de represión. Lo que por supuesto es contraproducente, dado que está en marcha un despertar político imprevisible.

La presidenta Dina Boluarte ha sentado posición frente a la marcha sobre Lima y, contra toda evidencia, ha asegurado que su gobierno no solo ‘está más unido que nunca’ (aunque recién el ministro de Trabajo acaba de renunciar y pidió la dimisión de Boluarte), sino que la situación está bajo control. El día de la marcha sobre Lima la señora Boluarte dio un discurso ampuloso y agresivo contra las protestas. Llegó a decir que no quedaría impune la violencia de los últimos días. Pero desde luego se refería no a la acción represiva de la Policía Nacional Peruana, sobre todo, que lleva en su canasto cerca de 50 personas asesinadas por sus armas. La marcha sobre Lima no ha perseguido objetivos maximalistas y ni siquiera quizá pretendía que sus exigencias fueran atendidas. Todo indica que ha logrado lo que se proponía: concitar la audiencia nacional e internacional frente a la crisis política que se vive.

Miles de personas han marchado sobre Lima, han jugado al ratón y al gato con los policías, han buscado calles alternas, han sido bloqueados en algunos accesos por los policías. También han ocurrido algunos hechos que aún no se han aclarado, como un incendio en el centro de Lima. La Policía ha reprimido, los marchistas han respondido con piedras y otros objetos contundentes. La Policía ha asaltado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, grave error. Pero las protestas han continuado en el interior de Perú. Hay pues un mapa político convulsivo en busca de resolución.

Las mediaciones políticas (léase, los partidos políticos) están desacreditas y los poderes fácticos no logran tener todas las correas en sus manos. Se está ante unas indudables jornadas de insubordinación social generalizada. ¡Que América Latina esté atenta!