Primum non nocere. Es el axioma que rige nuestra profesión médica: “Primero no hacer daño”. Estoy seguro de que todos los profesionales de la medicina aspiramos a cumplir este principio cuando alguien requiere de nuestros cuidados y servicios. Aunque nuestra profesión está regida por altos estándares y es una de las ciencias con mayor producción de investigación científica, aun así, los galenos somos humanos. Y como cualquier ser humano somos proclives a equivocarnos. El médico no es Dios o un dios. Consecuentemente, la calidad de la atención médica puede verse comprometida por la ocurrencia de un “error médico” o una “mala praxis”. Un error médico o equivocación tendrá consecuencias morales, pero casi nunca legales. Sin embargo, una mala praxis, además de las consecuencias morales, puede tener consecuencias en la esfera penal, civil o administrativa. Por ello, determinar su diferencia es fundamental.

El error médico es una acción equivocada que puede surgir de forma accidental en un contexto de apego a las buenas prácticas médicas. No implica necesariamente culpa o intencionalidad por parte del médico. El error es el factor causal más frecuente de las consecuencias indeseadas del proceso de atención médica, por encima de la mala práctica. Según un estudio de la Universidad Johns Hopkins, más de 250.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por errores y negligencias médicas.

La mala praxis ocurre cuando un profesional de la salud intencionalmente no brinda un cierto nivel de atención al paciente, y esta falla causa la lesión del paciente. Implica culpa en la actuación del médico, y esto por negligencia, imprudencia o impericia. El profesional sabía o debería haber sabido que sus acciones conducirían a la lesión del paciente. Cada año, en Estados Unidos, se presentan una media de 20.000 demandas por negligencia médica. Es más, en ese país la negligencia médica es la tercera causa de muerte, solo por detrás de las enfermedades cardiacas y el cáncer.

El proceso jurídico para determinar mala praxis médica en El Salvador se rige por el marco normativo correspondiente y se enfoca en la ética-jurídica profesional del médico. Algunos aspectos relevantes del proceso incluyen que el proceso de investigación y determinación de responsabilidades en casos de mala praxis médica puede involucrar a diferentes instancias, como el Ministerio de Salud, el Consejo Superior de Salud Pública, el Colegio Médico de El Salvador y los tribunales de justicia. En algunos casos, se pueden llevar a cabo peritajes médicos para determinar si hubo negligencia o mala praxis por parte del médico o del personal de salud involucrado. Si se determina que hubo mala praxis médica, el médico o el personal de salud involucrado puede enfrentar consecuencias legales, como sanciones administrativas, multas o incluso prisión.

El pasado 21 de julio, el Dr. Carlos Josué Romero Blanco fue capturado por la Policía Nacional Civil, y señalado de cometer mala praxis en una joven parturienta, a quien se le practicó una cesárea en el hospital San Juan de Dios, en San Miguel. No existe claridad en las causales del fallecimiento. De acuerdo con limitada información, la causa de muerte podría ser perforación u obstrucción intestinal. El médico, fue capturado y exhibido en redes sociales dos días después de la muerte de la paciente. En el momento de la captura del colega, el Minsal emitía un comunicado en sus redes sociales informando de su despido por omisiones en el protocolo de atención médica. Este es el mismo Minsal que omitió reportar la muerte de más de 11 mil personas durante la pandemia de COVID-19, y ahora en un proceso de investigación expedito determina que el Dr. Romero Blanco cometió graves fallas en la aplicación del protocolo de atención médica.

Primun non nocere. El Dr. Romero Blanco antes que médico es un ser humano que merece el derecho a la presunción de inocencia, así como merece un debido proceso de investigación, y no de dos días. Una investigación de acuerdo con la seriedad del caso, para analizar y verificar la implementación o no de los debidos protocolos de atención médica. ¡Justicia es lo que el gremio médico exige!