Pero, como suele suceder, las reformas que finalmente se realizan difieren mucho de esas promesas. Y eso es exactamente lo que sucedió con la reforma previsional recientemente presentada por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo. Para ser propagandeada como “la mejor reforma posible” que “salda deudas históricas”, los cambios realizados se quedan muy cortos para reivindicar los derechos de la clase trabajadora, particularmente en materia de cobertura, un aspecto completamente omitido en la reforma aprobada.
Si bien, una de las buenas intenciones de la reforma es aumentar el monto de las pensiones, particularmente la pensión mínima, el aumento no es generalizado ya que pensiones como las de invalidez y sobrevivencia no tendrían incrementos. Además, la implementación del incremento podría tener efectos no deseados derivados de deficiencias técnicas en la redacción del articulado, por ejemplo, en términos de equidad.
La reforma aprobada profundiza las inequidades intergeneracionales. A la fecha no se han publicado los estudios actuariales que sustentan la reforma y que permitirían verificar que el aumento de un punto porcentual en el aporte de los patronos y el simultáneo aumento generalizado de 30% en las pensiones son sostenibles en el tiempo o si esto representa una vulneración de las posibilidades de las generaciones jóvenes de poder gozar de una pensión en el futuro.
Por si fuera poco, la reforma sigue sin dar una solución integral a uno de los problemas más grandes del sistema previsional: el componente financiero. De acuerdo con lo aprobado, en caso los fondos previsionales no sean suficientes para financiar el aumento de las pensiones, el sistema seguirá tomando recursos del presupuesto público, lo que implicaría mayor presión en el mediano y largo plazos a las ya deterioradas finanzas públicas salvadoreñas. Esta medida también tendrá efectos negativos en términos de equidad ya que, aunque la gran mayoría de personas continuará financiando el sistema de pensiones a través del pago de sus impuestos, nunca llegarán a beneficiarse con una pensión, agudizando la injusticia de los sistemas tributario y previsional.
La reforma también contempla la creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), con lo que se garantizaría por un lado que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúen administrando los fondos, pero también que el ISP asuma la deuda de más de USD6,000 millones de dólares del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP). Sin embargo, el ISP tendría la facultad de establecer discrecionalmente la tasa de interés y el plazo con la que adquiriría esta deuda, lo que en un contexto financiero complicado, podría abrir la puerta para que el gobierno reduzca el servicio de la deuda pública en detrimento del fondo de pensiones. Además, el ISP deberá garantizar los beneficios otorgados a los veteranos militares, excombatientes y personas lisiadas y discapacitadas del conflicto armado, lo que, sumado a la posibilidad de una emisión ilimitada de Certificados de Obligación Previsional, representa un riesgo severo de mayor insostenibilidad de la deuda pública.
Considerando que el partido oficial controla el poder Legislativo esta era una oportunidad muy valiosa, que hubiera permitido reformar de manera estructural el sistema previsional de El Salvador. La mejor reforma posible era aquella que hubiera sido resultado del diálogo y el consenso entre los diversos actores de la sociedad, que hubiera sido acompañada con la publicación de estudios técnicos, particularmente de un estudio actuarial que garantice la sostenibilidad financiera. La mejor reforma posible hubiera sido una que diera respuesta integral a los problemas estructurales del sistema de pensiones, en términos de cobertura, suficiencia, equidad y sostenibilidad.