No considerar un enfoque diferenciado por género e interseccionalidades en la atención de la actual pandemia y sus consecuencias profundizará las desigualdades entre hombres, mujeres y disidencias sexuales, con efectos que se prolongarán en el largo plazo. Ante este panorama, la Colectiva Feminista comisionó un estudio a una investigadora y un investigador, salvadoreños, para medir el impacto que el periodo de confinamiento tuvo en la salud sexual y reproductiva de la mujer salvadoreña, así como el impacto sobre la violencia basada en género.
El estudio evidenció que el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva se vio afectado durante el confinamiento obligatorio. Al comparar variables incluidas en el acceso a los servicios de salud de la mujer durante 2019 y 2020, se encontró una clara limitación al uso de dichos servicios. Por ejemplo, la tasa de prevalencia anticonceptiva, de acuerdo con datos del Ministerio de salud (Minsal), sostuvo una variación negativa del 22 %, así también indicadores de acceso a los servicios clínicos de sistema público, tanto de servicios preventivos como curativos, como inscripciones y control de embarazo, tasa promedio de carga viral a mujeres embarazadas y tasa de mujeres embarazadas VIH + en tratamiento, todos evidencian una disminución en el acceso a este tipo de servicios que oscila entre 3 al 17 % de cambio porcentual negativo.
El impacto más serio se observa en el número de muertes de mujeres embarazadas. Según datos del Minsal, durante el 2020, el número de muertes maternas aumentó un 70.37 % cuando se compara con el 2019. El 41 % de estas muertes proceden de los municipios de San Salvador y Ahuachapán, de zonas rurales y de poblaciones de escasos recursos económicos. El mayor aumento se observó en abril, mayo, junio y julio, meses durante los cuales el acceso a los servicios hospitalarios y de salud estuvieron restringidos debido al confinamiento poblacional que sufrió el pueblo salvadoreño.
Las circunstancias del confinamiento, aunque disminuyeron el acceso a centros de salud y el establecimiento de protección y/o de justicia en el área de violencia de género, al limitar el movimiento poblacional, y una mayor presencia de la policía y militares en las ciudades donde mayormente ocurre este tipo de violencia, tuvo un “aparente” efecto protector a la seguridad física de la población de mujeres. En El Salvador, durante la cuarentena obligatoria hubo un 12 % menos riesgo de feminicidio que durante los seis meses que se levantaron las restricciones de movilidad. Similarmente durante la época de confinamiento obligatorio hubo un 38 % menos riesgo de denuncia que durante el periodo que se levantó la cuarentena domiciliar. Para el 2019, la FGR recibió 6421 denuncias de mujeres (incluye a menores de edad), sobrevivientes de delitos contra sus libertades sexuales. Un año después, la cantidad de denuncias disminuyó a 5052 (21.3 % menos en comparación con el 2019).
El confinamiento obligatorio durante 163 días, en el 2020 tuvo incidencia negativa en el acceso a y la utilización de los servicios de salud sexual y reproductiva a nivel nacional en El Salvador. Esta limitación de la mujer al acceso de servicios públicos tuvo un efecto directo en su derecho a la vida, evidenciado por el aumento de la mortalidad materna en dicho periodo. Durante el mismo periodo, se registró una disminución significativa en los reportes de violencia física contra la mujer. Aunque estudios adicionales son necesarios, es evidente que la ausencia de políticas con enfoque de género tiene un impacto directo sobre la salud y la vida de la mujer salvadoreña.