Es legítimo el interés del gobierno municipal de impulsar el ordenamiento del Centro Histórico mostrando una ciudad limpia y atractiva. Sin embargo, también es su obligación presentar simultáneamente un plan creíble y ejecutable para reubicar de inmediato a las vendedoras en lugares en que de manera digna se puedan ganar la vida en condiciones de salubridad. Sin embargo, es sospechoso que los impuestos con los que el gobierno municipal reordena, recupera y embellece el centro capitalino, sean utilizados solo para instalar a grandes cadenas de servicio, y ambiciosos proyectos inmobiliarios en los que participa capital extranjero en contubernio con funcionarios del Gobierno, hoy devenidos en prominentes empresarios, que tras depredar Nuevo Cuscatlán, van sobre el nuevo “lomo de aguja”: el Centro Histórico de San Salvador.
Una ciudad ordenada y limpia no puede ser el resultado de corretear vendedoras, espantar y esconder niños y familias indigentes víctimas de la pobreza, que deambulan por la capital intentando comer y sobrevivir; y menos, agredir a personas de la tercera edad, que sin ninguna cobertura social salen a vender lo que pueden. Son seres que viven sin recibir atención por sus dolencias crónicas; marginados de un Gobierno que ha recortado y eliminado los programas sociales de alivio a la extrema pobreza. Es perverso perseguir y esconder a los pobres, ocultándolos de la inquisidora mirada de los turistas bitcoineros que pululan por la capital, de los visitantes (hermanos lejanos) y de las Misses del reciente certamen de Miss Universo. Hay que decirlo: este es un país donde el 62% de la economía es informal y el 47% de las mujeres en edad productiva a duras penas sobreviven en esta cruel informalidad, convertida en lo más formal de la realidad.
Por pura “coincidencia”, los desalojos ejecutados por el plan de ordenamiento de la capital iniciaron en abril de 2022, simultáneamente con la aplicación del Régimen de Excepción que anuló libertades democráticas; es decir, un contubernio entre autoridades municipales y el gobierno de Bukele, bajo el supuesto de perseguir únicamente a los criminales de pandillas. Así han puesto en la cárcel a más de 75,000 prisioneros, en su mayoría inocentes. Muchos de estos presos son hombres y mujeres vendedoras ambulantes. Es maquiavélica la amenaza constante de las autoridades de aplicar el Régimen de Excepción para “persuadir la colaboración voluntaria” de las vendedoras y desalojarlas de sus lugares de trabajo, sin recibir a cambio una reubicación justa que les garantice el pan nuestro de cada día.
Son claros los intereses del grupo económico emergente encabezado por los Bukele, que a “tubo” pretenden colarse en la argolla de la más rancia oligarquía tradicional. Su prioridad no está en resolver las condiciones de sobrevivencia de las vendedoras desplazadas, tampoco en construir el Hospital Rosales o en dotar de medicinas y especialistas al sistema de salud. Mucho menos piensa en reparar las mil escuelas por año que prometió; ni en solventar el caos del pésimo transporte público de pasajeros o el déficit de seiscientas mil viviendas del país o tan siquiera la productividad agropecuaria.
Su prioridad está situada en construir una burbuja de apariencia de país de primer mundo, con multimillonarios despilfarros como Bitcoin City, Chivo Wallet, Juegos Olímpicos, Miss Universo. Su meta es hacer del Centro Histórico de San Salvador su “Cayalá” de inversiones inmobiliarias, mediante la ejecución de un programa limpieza y orden social para desplazar, esconder y recluir a los pobres.